La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez, presentaron este viernes 16 de diciembre su renuncia irrevocable a sus cargos. Ambos habían llegado al poder Ejecutivo de la mano de la recién posesionada Dina Boluarte. La mandataria asumió desde hace dos semanas la presidencia luego de la destitución de Pedro Castillo.
Correa, ahora exfuncionaria, detalló que su decisión la tomaba como respuesta a la muerte de ciudadanos en el marco de las protestas que apoyan al expresidente Pedro Castillo y que no han dado tregua en los últimos días.
“Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, dijo Correa en un comunicado.
La ahora exfuncionaria aprovechó su carta para agradecer la confianza depositada en ella y también expresó su deseo de que el Gobierno actual, en cabeza de la presidenta, Dina Boluarte, tomen las “mejores decisiones” procurando el bienestar del país.
A Correa le siguió Jair Pérez, quien hace una semana había sido encargado de la cartera de Cultura y cuya motivación estuvo en línea con la de su compañera de gabinete. “Los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, señaló.
Ola de violencia durante protestas
Hasta el momento, las autoridades del vecino país han situado en 20 el balance de ciudadanos muertos en el marco de las movilizaciones que apoyan a Pedro Castillo. A raíz de estas movilizaciones, el Ejecutivo decretó esta semana el estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días.
En esta jornada, el expresidente boliviano, Evo Morales, reiteró su respaldo al exmandatario peruano y condenó lo que, en sus palabras, ha sido “represión” por parte de las fuerzas de seguridad. También exhortó a que se garantice la liberación de Castillo.
“Las FF. AA. y Policía tienen la misión de garantizar la vida y seguridad de su pueblo, no de reprimirlo. Rechazamos la represión armada que deja como saldo lamentables muertes de hermanos peruanos que reclaman su derecho a vivir en una democracia que no los excluya por ser indígenas”, subrayó en su cuenta de Twitter.
“El encarcelamiento ilegal e inconstitucional del hermano @PedroCastilloTe agrava una crisis política que puede resolverse con su liberación y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que defina pacíficamente los cambios estructurales que demanda el #Perú profundo”, agregó.
Entre tanto, el Parlamento rechazó el proyecto para adelantar elecciones generales. Según TV Perú, hubo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones. El Ejecutivo había avanzado que esperaba llevarlas a cabo en abril de 2024, antes de proponer diciembre de 2023.
Castillo señala a embajadora de EE. UU.
Entre tanto; el expresidente acusó a la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, de haber acudido al Palacio de Gobierno y “dar la orden” a Boluarte para desplegar las tropas en las calles. Sus palabras llegaron poco después de que un juez dictaminara que debía pasar 18 meses en prisión preventiva, mientras se adelantan las investigaciones por presunta “rebelión” cuando el 7 de diciembre intentó cerrar el Congreso.
Sobre los decesos, la Defensoría del Pueblo interpuso una denuncia en Huamanga, Ayacucho, para determinar si las fuerzas de seguridad peruanas utilizaron armas de fuego contra los manifestantes. Boluarte aseguró que condenaba los actos de violencia e instó nuevamente a la calma.
“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz. #PerúUnido #PerúEnPaz”, enfatizó, por su parte, Boluarte en relación con el saldo de muertes.