De forma inédita, un amplio espectro de partidos políticos en España, incluyendo a los socialistas en el poder, se muestran a favor de investigar los abusos sexuales a menores por parte de religiosos, mientras la Iglesia mantiene su opacidad.
Hasta ahora, en España no ha existido una investigación oficial, ni del Estado ni de la Iglesia católica, sobre presuntos delitos de pederastia cometidos por religiosos, como sí ocurrió en países como Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia.
Sin estadísticas oficiales, el diario El País abrió un buzón en 2018 y hasta ahora ha contabilizado 1.246 víctimas. La Iglesia reconoce solo 220 casos desde 2001. Pero la situación podría cambiar en este país de fuerte tradición católica y donde más de 1,5 millones de niños estudian en una de las 2.500 escuelas católicas existentes, según datos de 2020 de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
El Congreso de los Diputados admitió este martes a trámite una solicitud de Podemos, aliado minoritario de los socialistas en la coalición de gobierno, y de dos partidos independentistas de izquierda, el catalán ERC y el vasco EH Bildu, para abrir una investigación parlamentaria.
Principio de apoyo socialista
“No decimos que no”, aseveró el jueves el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, refiriéndose al apoyo que su partido podría dar y que sería clave para que la iniciativa se materialice cuando llegue en una próxima fecha aún por determinar al pleno del Congreso, donde tendría que recibir una mayoría simple de síes.
Al mismo tiempo, Sánchez dio un inusual apoyo público a una víctima, el escritor catalán Alejandro Palomas, quien denunció por primera vez que, a mediados de los 70, a sus 8 años, fue víctima de abusos por parte de un religioso en un colegio católico.
“Gracias por tu coraje al compartir tu conmovedor testimonio con toda la sociedad. Gracias también por haber atendido mi llamada. Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas”, escribió Sánchez en Twitter.
“Queremos que se investiguen estos abusos”, subrayó este martes en rueda de prensa la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, pero dijo que el ejecutivo sigue estudiando “las fórmulas posibles”, entre ellas una comisión independiente de expertos, como ocurrió en Australia y Países Bajos.
Esa propuesta la lanzó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), otra formación que suele votar junto al gobierno, minoritario en el Congreso. Los liberales de Ciudadanos miran con agrado una investigación, pero el principal partido de oposición, el Partido Popular (PP, conservadores), la rechaza a menos de que se amplíe para indagar sobre la pederastia en “todas las instituciones” del país. La tercera fuerza parlamentaria, la extrema derecha de Vox, se opone frontalmente.
La Iglesia descarta investigación general
Que se abra una investigación “es una buena opción. Y ojalá (los partidos) se pusieran todos de acuerdo para poder hacer algo bien hecho”, indicó a la AFP Fernando García Salmones, víctima de abusos hace más de cuarenta años cuando era adolescente y miembro de Infancia Robada, una de las asociaciones de afectados que han saludado las iniciativas.
Otra víctima, Miguel Ángel Hurtado, había reunido hasta la tarde del martes más de 56.000 firmas a favor de que se instaure una comisión independiente de investigación desde que creó el sábado la petición en Change.org.
La Conferencia Episcopal descarta impulsar “de manera proactiva un programa de investigación general” de los abusos, según señaló su secretario general el año pasado.
No obstante, afirma haber instaurado protocolos de actuación ante abusos y de formación para las personas que trabajan con jóvenes, así como haber instalado oficinas de prevención y atención a victimas. También ha pagado indemnizaciones, pero las víctimas critican la opacidad de los criterios.
En diciembre pasado, el Vaticano inició indagaciones internas luego de que El País le hiciera llegar un dossier con 251 casos de presunta pederastia entre 1948 y 2018. Según El País, el Vaticano supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe la investigación que realice la CEE, una información que la AFP no ha podido confirmar.
Y en otra señal de que el Estado se mueve hacia la rendición de cuentas, la Fiscalía General del Estado comenzó a recopilar los procedimientos penales contra religiosos, para hacer una radiografía más exacta de la situación.
*Con información de la AFP.