En una carta dirigida a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador de México, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, criticó duramente la postura asumida por los mandatarios sudamericanos con respecto a la crisis que se vive en Venezuela desde el fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.
“Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico”, dice el comunicado firmado por la ONG en que pide a los tres países tener posiciones mucho más contundentes con respecto a lo que pasa en Venezuela tras los polémicos y cuestionados comicios presidenciales.
De igual manera, en la carta, critican la postura de los mandatarios de izquierda aludiendo a la serie de irregularidades que se cometieron contra la oposición del régimen de Nicolás Maduro. “Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio”, anuncia el comunicado.
“Incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno”, dice la organización con respecto a los obstáculos que tuvo la oposición venezolana a la hora de querer ser partícipes de las elecciones, teniendo como principal referente la inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial.
De igual manera, se mostraron críticos frente a la posición de AMLO, Lula y Petro de esperar a que el Comité Nacional Electoral (CNE) divulgue las actas electorales de los comicios para determinar su posición acerca de los resultados de los comicios y respaldar o no reconocer a Maduro como presidente electo, ya que hay que tener en cuenta que dicho órgano del estado venezolano no es imparcial y está en poder de aliados del régimen.
Si bien en el comunicado asegura que “coincidimos con sus Gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos”, pidiendo a los países tener en cuenta la falta de independencia y transparencia de las instituciones venezolanas.
Mientras tanto, desde la organización aplaudieron “los esfuerzos de los Gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país”, ya que afirman que gracias a las presiones de la comunidad internacional podría estar la solución en la nación vecina.
“En virtud del derecho internacional, los Gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, dice el texto que afirma tener informes creíbles de muertes de al menos 23 manifestantes durante las protestas contra el régimen que se han llevado a cabo en todo el país y que también ha dejado más de 1.000 detenidos según las cifras manejadas por el mismo gobierno.
Human Rights Watch también asegura que “en virtud del derecho internacional, los Gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, esto en rechazo a la propuesta de una amnistía general en el país. “Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios”.