El Parlamento venezolano aprobó este jueves una ley para confiscar bienes vinculados con corrupción administrativa y otros delitos como el narcotráfico.
La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada por “unanimidad” por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo gobernante, en un momento en el que operativos especiales anticorrupción en empresas estatales, con epicentro en la petrolera PDVSA, han dejado al menos 61 detenidos desde marzo.
Es similar a una ley modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea declarar “sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna” la “titularidad a favor del Estado” de bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El texto de la norma establece además la “imprescriptibilidad” en materia civil de los delitos relacionados con corrupción.
“No hay excusa para el que robó hace 15 años o hace 20 años. No prescribe el delito de corrupción”, declaró a la prensa, después de la sesión legislativa, el dirigente chavista Diosdado Cabello, que presidirá una comisión que revisará “todas las leyes” en esta materia para “hacerlas más enérgicas”.
Activistas han expresado preocupación. Aunque sigue lineamientos de la ley modelo de la ONU, la ONG Acceso a la Justicia advirtió que la legislación aprobada en Venezuela puede ser “peligrosa”.
“Tememos que la iniciativa amparada en la lucha contra la corrupción busque no solo crear mecanismos que le permitan al gobierno apropiarse de bienes relacionados con actos ilícitos, sino también facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquier persona (...) con apropiarse de sus bienes, sean obtenidos de forma ilícita o no”, indicó la organización en un informe.
“El derecho a la defensa no se le va a negar a nadie, pero tenga la seguridad, usted, señor corrupto, usted, señor terrorista o narcotraficante, que tenga bienes mal habidos, que esos bienes pasarán a manos del pueblo de Venezuela”, afirmó Cabello ante los cuestionamientos.
Ahora, la ley debe ser ratificada por la Corte Suprema de Justicia y después ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro.
Las operaciones contra la corrupción en medio del cuales se discutió esta iniciativa legal han derivado en al menos 61 arrestos y 172 allanamientos desde finales de marzo, según la Fiscalía.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció en medio del escándalo, aunque el Ministerio Público ha evitado confirmar si es investigado.
En total, 76 las órdenes de arresto en “cruzada” anticorrupción
La Fiscalía de Venezuela elevó a 76 las órdenes de captura emitidas en el marco de una “cruzada” anticorrupción relacionada con ese escándalo.
Entre los ya detenidos, la mayoría son altos funcionarios y empresarios vinculados con millonarios desfalcos en PDVSA.
La “cruzada anticorrupción” reúne varias investigaciones que han llevado a la realización de allanamientos de lujosas propiedades, vehículos, aviones y dinero en efectivo, mientras aún quedan 18 “órdenes de aprehensión por ejecutar”, indicó el titular de ese despacho, Tarek Saab.
En el marco de la principal trama de corrupción, el caso “PDVSA-Cripto”, el Ministerio Público ha solicitado “53 órdenes de aprehensión y 99 allanamientos a nivel nacional”, detalló el fiscal, en alusión a los hechos detectados en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), organismo involucrado en el manejo de fondos de Petróleos de Venezuela mediante operaciones con criptomonedas.
Los arrestos comenzaron el pasado 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva y que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos”.
Las otras solicitudes de aprehensión, añadió Saab, corresponden a funcionarios de las estatales Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartón de Venezuela, S.A. CartonVenz, además de miembros del poder judicial y de una alcaldía.
Las investigaciones, que comenzaron en octubre pasado, según reveló el presidente Nicolás Maduro, desvelaron “mafias que se incrustaron” en PDVSA, así como en el poder judicial y alcaldías.
El mandatario cuestionó que varios de sus colaboradores más cercanos, hoy detenidos, llevaban una vida de “nuevos ricos”, de “multimillonarios”, llena de “extravagancias”.
Un suicidio
Una autopsia confirmó el “suicidio” de un detenido por corrupción en Venezuela, confirmó el fiscal El Aissami ante cuestionamientos de la familia y organizaciones de derechos humanos a la versión oficial.
“La autopsia dio como resultado” que Leoner Azuaje Urrea, de 39 años y uno de los 61 detenidos en operativos anticorrupción en el país caribeño durante las últimas semanas, “muere por asfixia mecánica”, señaló.
Indicó que “experticias hechas por la Unidad Criminalística del Ministerio Público” determinaron que Azuaje Urrea usó “sábanas para ahorcarse” en su sitio de reclusión en la sede del servicio de inteligencia en Caracas.
El detenido fue presentado el pasado 20 de abril ante un tribunal por acusaciones de corrupción en la estatal Cartones de Venezuela, en operativos por ilícitos iniciados el mes pasado.
“También se hallaron varias cartas dirigidas a su familia haciendo mención de la decisión por él tomada de atentar contra su vida”, añadió Saab, quien aseguró que una entrevista con un psicólogo tratante del exfuncionario corroboró que “trastornos y signos de ataque de ansiedad”.
La esposa de Azuaje, Claudia Pimentel, pidió “protección” para su familia a las autoridades locales y a los gobiernos de Perú y España.
“Exijo la protección de la Fiscalía (...) y exijo la protección del gobierno peruano, porque yo soy peruana sin doble nacionalidad, mis hijas también lo son, y exijo además la protección de la embajada española para mi cuñada y mi suegra”, de doble nacionalidad venezolano-española, dice la mujer en un video difundido por redes sociales.
Una de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela, Provea, pidió, por su parte, una “investigación independiente”.
Al menos 12 presos por corrupción y por delitos políticos como conspiración han muerto en la cárcel en la última década, algunos de ellos entre denuncias de tortura.
Provea expresó que “el presunto ‘suicidio’ de Leoner Azuaje Urrea demuestra que en Venezuela persisten condiciones de reclusión que no garantizan la integridad y la vida de personas bajo custodia del Estado”.
* Con información de AFP