Las manifestaciones en Bolivia no se detienen, el diálogo está cada vez más lejos entre los simpatizantes del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el gobierno liderado por el presidente Luis Arce.
La Guardia, una ciudad en el departamento de Santa Cruz, es el epicentro de las protestas que cumplen 11 días y se extienden incluso en ciudades como Cochabamba. Santa Cruz que está catalogado por ser el motor económico de Bolivia, ha permanecido con caminos bloqueados y enfrentamientos directos con la policía.
El expresidente Evo Morales también se pronunció frente a las manifestaciones e instó al diálogo, enviando un mensaje en su cuenta de Twitter.
Los manifestantes opositores le exigen al Gobierno un censo que actualice su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe. El Gobierno, que había programado el censo para noviembre próximo, decidió postergarlo hasta 2024, lo que impediría procesar los nuevos datos antes de los comicios.
En medio de esta problemática nacional, en las últimas horas el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha reemplazado al Alto Mando Militar del Ejército ante el temor a un posible golpe de Estado.
“Es su deber resguardar la paz y orden con apego estricto a la Constitución. Hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que incapaces de aportar a la democracia, apuestan por la confrontación y la violencia”, ha exigido Arce al Alto Mando Militar, el tercero en menos de dos años, durante su toma de posesión.
El presidente alertó que en Bolivia existe “una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019″ y ha recordado a los nuevos jefes del Ejército que tienen la obligación legal de proteger al pueblo y al Gobierno salido de las urnas.
Las designaciones de Arce son Hugo Arandia López, como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Gonzalo Vigabriel Sánchez, como jefe del Estado Mayor; Marcelo Zegarra Gutiérrez para la Fuerza Aérea; Juan Arnez Salvador para Naval y Juan José Zúñiga como jefe del Ejército, detalla el diario El Deber.
La oposición criticó estas nuevas designaciones militares, pues aseguran que buscan militarizar el departamento de Santa Cruz a medida que se intensifican los episodios de violencia durante las protestas. Algunos militares retirados apuntan que Arce estaría incumpliendo la norma y promoviendo a personal con denuncias.
Crisis en el Gobierno por manifestaciones
En medio de este agite social y político, se ha suscitado también un conflicto dentro del gobierno de Arce cuando el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el censo, que es la causa de las manifestaciones y bloqueos, es “técnicamente imposible” de realizar en 2023.
“Hemos pedido mil veces que nos muestren cómo lo pueden realizar y que presenten su propuesta. Dejemos la violencia y vayamos al diálogo”, dijo el ministro Del Castillo.
Estas declaraciones molestaron al Ministerio de la presidencia, que aclaró en las últimas horas que las palabras del ministro Del Castillo no corresponden a una postura oficial del Gobierno nacional.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) pidió al Gobierno sentarse a dialogar para dar fin a las manifestaciones.
El Ejecutivo también informó que la comisión para la mesa de diálogo solo está conformada por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial Jorge Richter confirmando que son las únicas personas autorizadas para hablar del tema.
Una de las condiciones que exige el Comité pro Santa Cruz, partícipes de las huelgas y bloqueos, es que la policía cese sus hostilidades contra los manifestantes para que haya diálogo y se llegue a un consenso.
“Antes de iniciar cualquier mesa de diálogo tienen que acabar las hostilidades y represión policial, y la represión de otras personas que han venido de otros departamentos a querer amedrentar y avasallar al pueblo cruceño. Eso es lo principal, en eso tiene que pensar el Gobierno, en que uno no se puede sentar en una mesa de diálogo con estas hostilidades”, dijo Rómulo Calvo, líder de las manifestaciones.
*Con información de AFP y Europa Press.