El Tribunal Supremo de México anuló este miércoles un decreto ley del estado de Nayarit, en el oeste del país, con el que se consideraba a las corridas de toros y las peleas de gallos como parte del patrimonio cultural inmaterial.
La Segunda Sala del supremo mexicano precisó que la facultad para emitir este tipo de declaraciones sobre el patrimonio cultural corresponde al Gobierno Federal, y no así a los estados que conforman el país, según su interpretación de la Constitución de México y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
Por ello, el Tribunal Supremo de México ha clasificado como inconstitucional al decreto aprobado por el estado de Nayarit, no dando por válido que se considere patrimonio cultura a “la fiesta taurina” y las peleas de gallos.
Por otra parte, la sala ha destacado que en este caso no se ha dictaminado sobre si deben o no ser prohibidas legalmente este tipo de eventos, ya que como explica, “ello es una cuestión que no fue planteada en el juicio de amparo”.
Esta noticia tiene lugar varios días después de que un juez federal de México ordenó el pasado viernes la suspensión de manera indefinida de las corridas de toros en Plaza México, situada en Ciudad de México y reconocida como la plaza de toros más grande del mundo.
“Se concede la suspensión definitiva para los efectos precisados en la presente resolución”, señaló el fallo sobre la demanda que interpuso la asociación civil Justicia Justa, contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en Ciudad de México.
El pasado 27 de mayo, el juez ya había suspendido provisionalmente las corridas mientras escuchaba los argumentos y pruebas de las partes para tomar una resolución de fondo.
En respuesta, el coso capitalino dijo que “diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas” y que “continuará con la defensa legal” de lo que llamó “las costumbres y tradiciones mexicanas”.
La siguiente actividad que se iba a celebrar en el recinto, localizado en el sector Benito Juárez, estaba programada para el 2 de julio.
Ese día se llevaría a cabo, en los alrededores del escenario, la primera “pamplonada” de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.
La decisión aún puede ser impugnada por los organizadores de los espectáculos, aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos.
Distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, aunque no habían tenido éxito.
En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.
La Plaza México es la más grande del mundo, con capacidad para 50.000 espectadores, y tradicionalmente ha sido espacio de reunión de figuras públicas.
Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como “cosas” e ignora el sufrimiento animal.
Los taurinos, en tanto, reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos, según los más recientes datos oficiales disponibles.
En México, cinco de 32 estados han prohibido los espectáculos taurinos.
El debate está latente en América Latina. En Bogotá y Quito se prohíbe matar al toro en el ruedo, mientras Venezuela ha cancelado algunas corridas y en Perú la justicia rechazó proscribirlas en 2020.