SEMANA: ¿A qué se deben las enormes protestas que vive Panamá?
Sabrina Bacal (S. B): La chispa que prendió al país fue la aprobación de un contrato con la empresa minera First Quantum. Las consultas que se hicieron no fueron tomadas en cuenta y fue aprobado en la Asamblea Nacional en menos de 48 horas. Los ambientalistas, los movimientos sociales y grupos de jóvenes se sintieron burlados porque tenían muchos meses haciendo comentarios sobre el contrato, y el Gobierno los ignoró.
La aprobación a la carrera y la sanción del contrato que lo volvió ley de la República fue el 20 de octubre. Evidentemente, hay mucho descontento acumulado en Panamá por una pobre gestión del Gobierno, y la forma en que se aprobó el contrato fue el detonante.
SEMANA: ¿Cómo tomaron esa dimensión las protestas?
S.B.: Lo han comparado en tamaño a las protestas de la llamada Cruzada Civilista durante la etapa final de la dictadura. En ese momento hubo concentraciones masivas por el retorno de la democracia. Hoy el eje de las protestas es un contrato minero inconsulto que muchos consideran dañino para el país.
Es un tema que va más allá de lo ambiental. El contrato original fue firmado en 1997 con la empresa Petaquilla (First Quantum compró esta concesión hace aproximadamente una década) y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La Corte se demoró mucho tiempo, hasta 2021, en hacer efectiva su decisión. Esto le dio una oportunidad a este Gobierno de mejorar las condiciones para Panamá, y no lo hizo. Hay temas no ambientales, como el hecho de que China, Corea del Sur y otros países tengan participación accionaria en First Quantum. Eso está prohibido por la Constitución en Panamá.
SEMANA: Esta semana hubo hechos muy violentos, como un hombre que disparó contra los manifestantes. ¿Por qué sucedió eso?
S.B.: Ese suceso ha sido el más traumático y violento de todas las protestas. Panamá no había visto algo así. No hay ninguna justificación. Un hombre de 77 años se bajó de su carro con un arma y disparó contra dos docentes que participaban de un cierre de la carretera Interamericana. El hombre está detenido. Las imágenes son muy impresionantes porque las víctimas no se movieron. Nunca pensaron que este hombre tenía la intención de matarlos, y los mató.
SEMANA: ¿Cómo ha sido la actuación de la policía?
S.B.: Durante muchos días la policía no se enfocó en los grupos violentos o los que cerraban la carretera que une la capital con el resto del país. Las protestas pacíficas eran infiltradas por unos pocos vándalos y terminaban en enfrentamientos con las unidades antimotines de la policía. Por otro lado, los grupos más radicales continuaban cerrando las calles.
Al final de la semana hubo enfrentamientos violentos entre el Suntracs (el sindicato de la construcción) y la policía en la vía Balboa. El sindicato obrero vandalizó partes del edificio de la Contraloría y otra infraestructura pública. En resumen, la policía no ha estado enfocada en quienes verdaderamente son una amenaza a la paz social.
SEMANA: ¿Cuáles son las razones del malestar con el contrato?
S.B.: Muchas de las razones por las que la Corte declaró inconstitucional el primer contrato se mantuvieron en esta negociación. Se mejoró el tema de las regalías al país, pero en todos los otros ámbitos se ignoraron las recomendaciones. La pobre fiscalización ambiental, las exoneraciones de impuestos que recibe la empresa y el impacto que tiene la actividad minera en el agua son razones de preocupación y malestar.
Estamos viviendo una sequía que ha afectado al canal de Panamá y se ha sugerido ampliar la cuenca del canal. La expansión que permite el contrato a la empresa minera podría poner en juego las necesidades de agua del canal y de la población.
SEMANA: ¿Cuál es el lugar en el que se desarrolla esa mina que lo hace tan sensible ambientalmente?
S.B.: Panamá es un país muy pequeño y muy rico en biodiversidad. Es parte del corredor biológico centroamericano. Todas las fuentes de agua en Panamá están conectadas. Lo que los ambientalistas han explicado es que no es lo mismo el impacto de la minería en un desierto como en Chile que el impacto que está teniendo en Panamá.
Además, ha habido una pérdida de credibilidad en las instituciones que deben fiscalizar el impacto ambiental. Ha habido muchas quejas no resueltas contra la empresa y la han dejado seguir operando. El Ministerio de Ambiente se ha dedicado a vender las supuestas bondades del contrato y no hace su trabajo de atender las quejas. Panamá es uno de los pocos países considerados carbono negativo. Es parte de varias iniciativas ambientales a nivel global, pero las decisiones alrededor de la minería podrían hacer que todas estas promesas dejen de ser una realidad.
SEMANA: ¿Por qué Laurentino Cortizo no ha podido manejar esta situación?
S.B.: Lo más llamativo ha sido su ausencia. Él ganó las elecciones con 33 % y antes de llegar al poder tenía relativamente buena imagen como exministro y exdiputado. Sin embargo, desde que fue electo presidente cedió el poder real a su vicepresidente y ahora candidato presidencial: José Gabriel Carrizo. De ser un joven completamente desconocido pasó a gobernar Panamá. Varios escándalos de presunta corrupción han rodeado a Carrizo.
Incluso, tiene un conflicto de interés en el tema de la minera, pues fue su abogado. Es muy impopular pero muy ambicioso. El otro factor de poder son los diputados del partido gobernante: el PRD. Es un partido que reemplazó la ideología por el clientelismo. El crimen organizado ha penetrado el PRD y otros partidos e instituciones del Estado. El Gobierno se ha manejado entre la ausencia de Cortizo y el poder real de Carrizo y los diputados. Las breves apariciones de Cortizo durante la crisis solo han empeorado la situación. Han sido muy desafortunadas. Hay un completo vacío de liderazgo.
SEMANA: Colombia vivió un estallido social en 2019 y 2020, que muchos han comparado con lo que se vive hoy en Panamá. ¿Usted lo ve así?
S.B.: Hay personas que hacen la comparación, pero creo que hay importantes diferencias en ambas situaciones. Hay distintos sectores intentando pescar en río revuelto. Por un lado, están algunos líderes sindicales muy radicales. No obstante, la candidata presidencial más cercana a ellos, Maribel Gordón, es más moderada. La izquierda en Panamá nunca ha tenido éxito electoral. En esta ocasión pudiera cambiar, pero no se compara con Colombia.
Por otro lado, hay actores políticos de la derecha, como el expresidente Ricardo Martinelli. Él puede llegar a ser inhabilitado para las elecciones por una condena de lavado de activos y está aprovechando esta situación. No olvidemos que sigue habiendo una mayoría que salió pacíficamente a protestar por un contrato minero impopular. Ellos son y deben ser los protagonistas de esta historia.
SEMANA: ¿Siente que hay algún interés por desestabilizar a Panamá?
S.B.: No de todos los que protestan. Hay algunos actores que están aprovechando la situación. Ahora hay una división de objetivos bastante clara. Los grupos ambientalistas, sociales y de jóvenes saben que después de la sanción del contrato ley, el 20 de octubre, derogar unilateralmente el contrato solo beneficiaría a la empresa minera. First Quantum podría demandar al Estado por miles de millones de dólares y ganar en los tribunales internacionales.
Estos grupos que han protestado pacíficamente esperan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Hay varias demandas contra el nuevo contrato. Los grupos más radicales quieren una derogatoria inmediata de la ley, pues la ven como una victoria política a pesar de las consecuencias económicas que esta tendría para el país. Son los mismos grupos que han sido violentos. Ahí sí veo un interés por desestabilizar.
SEMANA: ¿Cómo han afectado estas protestas la cotidianidad de los panameños?
S.B.: En muchos sentidos. Por ejemplo, el sector agropecuario está muy afectado. La leche, los vegetales, las frutas y todo lo que se produce en las provincias de Chiriquí y Veraguas se ha perdido. Al estar las carreteras cerradas, el producto no llega a la ciudad. Los pequeños productores, los microempresarios y el turismo. Hay muchos sectores con pérdidas.
La salud de muchos panameños también se ha visto afectada. Hay historias de pacientes con enfermedades graves que no han podido llegar a sus tratamientos y han perdido citas. La educación de los niños y jóvenes, también. Los docentes del sector público se han unido a las protestas. Nuevamente, cierran las escuelas. Ya Panamá era el país que más clases presenciales perdió en todo el planeta durante la pandemia y ahora esto.
SEMANA: ¿Qué salida tiene esta situación?
S.B.: Yo creo que el Gobierno necesita interlocutores o mediadores con credibilidad. Serían los únicos que pueden llamar a la paz social. Puede ser la Iglesia o la Universidad de Panamá. El problema no son las protestas, sino la violencia y el vandalismo. Sería muy preocupante que nos fuéramos así hasta la elección presidencial de mayo de 2024. El país no lo aguantaría. Hay una sensación de anarquía, de pérdida de control. Tras recuperar un poco la paz, la salida tiene que pasar por un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Este podría darse, según los entendidos, a principios de diciembre. Si la Corte vuelve a declarar el contrato como inconstitucional, sería el próximo Gobierno el encargado de manejar esta difícil situación.