Algunas enfermeras de Birmania dirigen clínicas improvisadas a escondidas de la junta gobernante para atender a pacientes de la covid-19 y combatientes de la resistencia, con medicamentos que pasan de contrabando por los controles militares.
Ellas siempre están listas para huir porque los trabajadores de la salud están en la línea de frente de un movimiento civil contra el golpe de febrero y la represión de la disidencia, que ha dejado más de 1.300 muertos, según un grupo local de monitoreo.
Un boicot de instituciones gubernamentales dejó a muchos hospitales sin personal, y la junta arrestó y mató a numerosos trabajadores de la salud que protestaban, según grupos de derechos humanos.
Aye Naing, un nombre asumido, dejó su empleo en un hospital público y en junio comenzó a trabajar como voluntaria en el estado de Kayah, en el este, donde se han dado numerosos choques entre militares y combatientes antigolpistas.
“Cuando comienzan los combates tenemos que correr y escondernos en la selva”, contó a AFP en una clínica oculta en una escuela abandonada debido a los combates cerca de la localidad de Demoso.
Tras una devastadora ola de la covid-19 en junio y julio, con hasta 40.000 casos diarios, la junta dijo que los contagios cayeron a 150 por día y que no se han detectado casos de la variante ómicron en Birmania. Sin embargo, el deficiente sistema de salud realiza pocas pruebas.
En Kayah, alrededor de 85.000 personas han sido desplazadas por la violencia, según el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, y muchos están aglomerados en campamentos donde las infecciones se propagan fácilmente.
La mayoría de los pacientes de Aye Naing son familias desplazadas y combatientes de las Fuerzas de Defensa Popular (FDP), una milicia que ha brotado en todo el país para luchar contra la junta.
“Me dijeron que no había muchos médicos y personal de salud en esta zona y que los pobladores los pedían”, contó. “Así que decidí venir y tratar de conseguir equipo médico”, agregó.
En una aldea, su equipo hace pruebas del virus a través de una lámina plástica, y quienes dan positivo reciben paracetamol o vitaminas, los únicos medicamentos disponibles. El oxígeno donado se usa con cautela porque cargar los tanques implica un viaje al siguiente poblado grande, pasando por puestos de control de la junta.
Al terminar su turno, Aye Naing se quita el traje protector de plástico y lo desinfecta, al igual que su mascarilla y los deja listos para el siguiente turno.
Medicamentos bloqueados
En un aula vacía, un combatiente de FDP contagiado pasa su cuarentena tocando guitarra. En las zonas de resistencia, los militares bloquearon la entrega de ayuda humanitaria y equipo médico, según un reciente informe de Human Rights Watch.
“Los militares birmanos revisan a todos en sus portones y arrestan a la gente que lleva medicamentos”, comentó Hla Aung, una enfermera de la clínica cuyo nombre fue alterado para proteger su identidad.
En los seis meses tras el golpe, 190 trabajadores de la salud fueron arrestados y 25 asesinados, según un informe de Insecurity Insight, Médicos por los Derechos Humanos y la Universidad Johns Hopkins. Aye Naing dice que no va a desistir. “El apoyo de mis padres me mantiene fuerte”, aseguró. “Mi padre envía todos los medicamentos que puede”.
ONU, “horrorizada” por ataque a civiles
Este domingo, el subsecretario general de la ONU, Martin Griffiths, dijo que estaba “horrorizado por los informes de un ataque a civiles” en Birmania el 24 de diciembre. El alto funcionario internacional calificó de “creíble” la información sobre el hallazgo de “35 cuerpos” en vehículos quemados en el noreste del país.
“Condeno estos graves hechos”, destacó en un comunicado en el que instó a las autoridades a “poner en marcha de inmediato una investigación seria y transparente”. En imágenes publicadas el sábado 25 en redes sociales se ven dos camiones y un automóvil incendiados en una carretera con cadáveres dentro. Un líder de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) señaló que había encontrado alrededor de 27 cadáveres.
Según el observatorio Myanmar Witness, “35 personas, incluidos niños y mujeres, fueron quemadas y asesinadas por los militares el 24 de diciembre en el municipio de Hpruso”. Por su parte, un portavoz de la junta, Zaw Min Tun, admitió que el viernes estallaron enfrentamientos en la zona y que los soldados habían matado a varias personas, sin dar más detalles.
*Con información de AFP.