El Gobierno de España se ofreció de nuevo este viernes a otorgar la nacionalidad a los 94 nicaragüenses declarados “traidores a la patria”, disidentes que se encuentran fuera de su país y fueron despojados de su nacionalidad.
Esto ocurre tras el ofrecimiento del mismo país europeo de naturalizar a 222 presos políticos, que fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega a Estados Unidos. Estos presos políticos también fueron despojados de su ciudadanía por el régimen sandinista.
El ofrecimiento de España
“El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española”, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El documento indica que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le comunicó esa decisión al escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, una figura importante de la oposición al presidente Daniel Ortega.
Ramírez, que figura en la lista de 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad, vive refugiado en Madrid desde 2021 y tiene la doble nacionalidad española y nicaragüense. En el año 1995 se había separado ya del partido Frente Sandinista, para formar un movimiento disidente con intelectuales y personalidades políticas del sandinismo.
En la lista también figuran la escritora Gioconda Belli, el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
El ministerio español indicó además que está determinado a otorgar la nacionalidad española “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones del gobierno de Daniel Ortega”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados en un comunicado (ACNUR) criticó el viernes las medidas de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a los disidentes.
“Las reformas legislativas más recientes que permiten privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía contravienen las obligaciones que tiene este país en el marco del derecho internacional y regional de los derechos humanos”, afirmó.
Los 94 afectados
La última decisión en este sentido fue tomada por el Tribunal de Apelaciones de Managua, su presidente Ernesto Rodríguez Mejía leyó ante medios oficialistas la resolución que declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a las 94 personas consideradas “prófugas de la justicia”.
“Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población”, indicó el magistrado. “Por estos hechos, a los acusados no se les puede considerar ciudadanos nicaragüenses”, añadió.
La sanción implica la inhabilidad de por vida, a ejercer cargos públicos a los 94 opositores exiliados: “Ténganse a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua” y cargos de elección pública a perpetuidad, indicó el juez.
El Canal 2 de Nicaragua publicó en su cuenta de Twitter la lista completa de los sancionados. De acuerdo con la Deutsche Welle, la sanción también supondría que los bienes que tengan todos estos ciudadanos nicaragüenses en el país, serán confiscados.
Para la Deutsche Welle, los delitos contra los acusados por los que deberían responder son “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Esos delitos se han aplicado a decenas de opositores encarcelados en los últimos años en el régimen de Ortega.
*Con información de la AFP.