El viernes 24 de febrero, el gobierno del salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó en un solo operativo el traslado de los primeros 2.000 presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Ese lugar tiene capacidad para unos 40.000 reclusos y fue inaugurado a finales de enero del año en curso y, se estima, es uno de las más grandes en América Latina.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que el 60 % de los casi 65.000 detenidos (es decir, unos 39.000 reos), en el contexto de la guerra contra las pandillas, serán dirigidos a una cárcel de máxima seguridad en Tecoluca, en el departamento de San Vicente. El anuncio llega cuando el país centroamericano se acerca a un año desde que se fijó el estado de excepción.
Esa política continúa en la lupa de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que han denunciado prácticas arbitrarias en los últimos meses a la hora de efectuar el debido proceso para los arrestos. Otro punto que ha centrado algunas discusiones son las condiciones en los penales.
“Hasta que nosotros sepamos que hemos capturado al último de los miembros de la pandilla en territorio salvadoreño no vamos a desactivar el protocolo (la estrategia de seguridad)”, aseveró Villatoro durante una entrevista en la cadena TCS.
En ese medio aseguró que recientemente se capturó a dos hombres, bajo sospecha de colaborar con organizaciones delictivas y vinculados con los delitos de tenencia de droga y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, refirió que “son los niveles” de traslado de pandilleros detenidos durante once meses al que se denominó como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ese penal se construyó en aproximadamente siete meses y tiene unidades de seguridad que dificultan intentos de fuga, según informó el diario salvadoreño El Mundo.
En esta jornada el mandatario aseguró que se estaba “ganando” la guerra contra los grupos que buscan sembrar el ‘terror’ en el país. Por medio de un video reiteró el mensaje que pronunció frente a las fuerzas de seguridad, en el que enfatizó que “la paz no se lograba firmando acuerdos entre corruptos” sino con “trabajo y esfuerzo”.
Funcionarios de Bukele, en el radar de EE. UU.
El Departamento de Justicia estadounidense divulgó un comunicado el jueves 23 de febrero en el que, a propósito del arresto de tres altos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), puso la lupa sobre funcionarios del gobierno salvadoreño.
En el documento se relaciona a 13 miembros del MS-13 con reuniones clandestinas para consumar un intercambio consistente, según El País de España, en una reducción de homicidios por beneficios.
Las capturas mencionan concretamente a Vladimir Antonio Arévalo-Chávez, alias “Vampiro de Monserrat Criminales”, Walter Yovani Hernández-Rivera, alias “Baxter de Park View y Marlon Antonio Menjivar-Portillo, conocido con el sobrenombre de “Rojo de Park View. Los tres fueron localizados por autoridades de México y deportados, tras su aprehensión.
A los señalados se les relaciona con tácticas terroristas como el uso de artefactos explosivos improvisados (“IED”) y granadas; operar campos de entrenamiento de estilo militar para armas de fuego y explosivos; utilizar demostraciones públicas de violencia para intimidar a la población civil; (...) y manipular el proceso electoral en El Salvador. Varios de estos acusados han desempeñado un papel destacado en las negociaciones pasadas y actuales de la MS-13 con” el Gobierno.
“Además, estos acusados autorizaron y dirigieron la violencia en los Estados Unidos, México y otros lugares como parte de un esfuerzo concertado para expandir la influencia y el control territorial de la MS-13. Como líderes de la organización criminal transnacional MS-13·, agrega ese órgano en su página oficial.
*Con información de AFP y Europa Press.