La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el órgano legislativo de la capital argentina, aprobó una resolución que declara “persona no grata” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a las graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos venezolanos en su país
La medida, según sus impulsores, busca enviar un mensaje de solidaridad a la diáspora venezolana y rechazar las políticas represivas del régimen de Maduro. La resolución fue impulsada por los legisladores Claudio Romero y Emmanuel Ferrario, del partido conservador Propuesta Republicana (Pro).
La tramitación de esta medida se realizó a petición de la diáspora venezolana en Argentina. La mayoría de los miembros de la cámara, compuesta por sesenta diputados, votó a favor de la resolución, según un comunicado oficial de la Legislatura. Sin embargo, los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron, y los de Unión por la Patria (kirchnerista) votaron en contra.
El legislador Claudio Romero declaró: “En la ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, personas que vulneren los derechos humanos, que cometan atrocidades en su país en nombre de una revolución inexistente, y que usen la tortura como método de gobierno”. Romero subrayó la importancia de esta resolución como un gesto de apoyo a los venezolanos que sufren bajo el régimen de Maduro.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), celebró la decisión adoptada por la Legislatura porteña, considerándola un contundente mensaje de respaldo a los más de 220.000 venezolanos que han tenido que escapar de su país y radicarse en Argentina. “Los autócratas, como Maduro, deben saber que sus crímenes no quedarán impunes y que el mundo no es su patio trasero para pasearse con sus manos manchadas de sangre”, añadió Trotta, diplomática venezolano-argentina.
Trotta también destacó que los venezolanos están en las calles apoyando el movimiento de liberación nacional liderado por los opositores antichavistas María Corina Machado y Edmundo González. “El mundo está observando y no permitirá que se robe la voluntad de los ciudadanos que se expresará en las urnas el próximo 28 de julio”, declaró.
Desde el pasado 26 de marzo, seis ciudadanos opositores al Gobierno de Venezuela permanecen asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.
El 30 de mayo, la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, exigió a Venezuela la “inmediata emisión de salvoconductos”, en cumplimiento de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, para que este grupo pueda abandonar el país. Mondino señaló que la situación de los opositores venezolanos es crítica y requiere una pronta resolución para garantizar su seguridad y derechos humanos.
La declaración de la Legislatura porteña ha tenido eco en varios medios internacionales, subrayando la creciente presión sobre el régimen de Maduro desde diferentes frentes. Organizaciones de derechos humanos y diversos gobiernos han mostrado su apoyo a la medida, reforzando la idea de que los crímenes cometidos bajo el régimen venezolano no serán ignorados por la comunidad internacional.
Esta resolución podría tener implicaciones significativas en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, marcando un claro posicionamiento del gobierno porteño en favor de los derechos humanos y en contra de los regímenes autoritarios. Además, refuerza el compromiso de Argentina con la protección y el apoyo a la diáspora venezolana, un tema de creciente relevancia en el contexto político y social actual.