El Gobierno ecuatoriano se mantiene bajo estado de excepción a dos meses de que el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fuera asesinado. Su muerte generó una ola de condenas a nivel internacional que se mantienen, mientras las autoridades buscan esclarecer tanto los autores intelectuales como materiales.
En los últimos días, se confirmó que los seis colombianos capturados poco después del crimen, y vinculados con los hechos, habían sido hallados muertos en prisión. Posteriormente, trascendió el deceso de uno más, lo cual genera más inquietudes sobre los intereses que podrían estar detrás de este caso.
La presidencia ecuatoriana aseguró, en primera instancia, cuál era la identidad de los reos fallecidos. Entre estos se encuentra Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Camilo Andrés R., Adey Fernando G., José Neyder L. y Sules Osmin C. Estos nombres iniciales habían trascendido el viernes (6 de octubre).
¿Cuánto habrían pagado por el asesinato?
El excandidato presidencial, Christian Zurita, quien en su momento reemplazó a Villavicencio en los comicios generales y también denunció amenazas de muerte, detalló que a los sicarios les habrían ofrecido 200.000 dólares para acabar con la vida del periodista.
“#Urgente: Testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar (y que se encontraba protegido) señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el “gobierno de Correa”. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin”, dijo Zurita en su cuenta de X.
El político aludió a que el individuo había hablado bajo juramento, señalando a los presuntos implicados. “Existió un 1.er intento el 1 de junio en la gran caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto. El responsable es ‘el gobierno de Correa’, dice el testigo bajo juramento”, añadió.
Según Zurita, el panorama en el vecino país refleja intereses para ‘silenciar’ a personajes ‘clave’ en las investigaciones. “Mataron a Fernando. Mataron a los sicarios de Fernando. Ensucian toda la investigación. Quieren señalar a quiénes nada tienen que ver con el caso. Su equipo más cercano vive con miedo. Las amenazas a sus amigos aumentan. Sin duda quieren vernos muertos...”, aseveró.
De acuerdo con Ecuavisa, seis de los colombianos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil y el séptimo en la cárcel El Inca. A finales del mes pasado, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información de utilidad que permita esclarecer el crimen.
“Como demostración de nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado, el Departamento de Estado anunció una recompensa (...) por información que conduzca al arresto o condena de los responsables”, dijo entonces el máximo representante de esa oficina, Antony Blinken.
Así fue le captura de primeros sospechosos
Un día después del magnicidio, las autoridades ecuatorianas confirmaron la captura de seis sospechosos y, horas más tarde, trascendió su nacionalidad: todos eran colombianos. De hecho, empezaron a ‘salir a la luz’ algunas aristas de un delito cuyo desarrollo no habría sido ‘repentino‘, sino preparado.
Durante el operativo que llevó a la captura de esos individuos se confiscó, además, cargadores de fusil, motocicletas, una subametralladora y hasta granadas. Uno de los sospechosos, quien resultó herido durante la confrontación con las unidades de seguridad (el 9 de agosto), murió poco después.
Washington ya había manifestado su interés en colaborar con el esclarecimiento del magnicidio, al aceptar que miembros del FBI participaran en las investigaciones. “La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, dijo hace dos meses el presidente Lasso.