El gobierno del presidente Joe Biden está “preocupado” por las investigaciones contra periodistas en Guatemala y estima que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”, afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
“Estamos profundamente preocupados”, afirmó Price en un comunicado. “Instamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”, subrayó.
El martes, un juez guatemalteco abrió un segundo proceso penal contra José Rubén Zamora, presidente y dueño del diario opositor El Periódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021.
Además, el magistrado aceptó la petición del Ministerio Público (Fiscalía) de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala.
“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Price en la nota.
Washington recordó que “las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, incluida la libertad de buscar, recibir y divulgar información”, tanto en línea como fuera de internet.
Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos 37.500 dólares contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría.
El periodista, de 66 años, se autocalifica como un “perseguido político” y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción.
En 2021, Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de implicados en actos de corrupción o que socavan la democracia tras su decisión de despedir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.
Por sanciones de Estados Unidos, empresas mineras extranjeras se empiezan a ir de Guatemala
Dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group suspendieron sus operaciones de níquel en el Caribe de Guatemala, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos el año pasado, informó la firma.
La medida obligó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) “a suspender temporalmente sus operaciones” industriales en este país, precisó la empresa en un comunicado difundido el martes y enviado este miércoles a la AFP.
El 28 de noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a un ruso que considera como el líder de Solway, una bielorrusa y tres compañías por “corrupción” y “tráfico de influencias” en la explotación del sector minero guatemalteco.
Ahora, para concluir la relación laboral, Solway llegará a un acuerdo con los colaboradores para cancelar las “respectivas prestaciones de ley, garantizadas por la legislación laboral guatemalteca”. El personal que siga laborando se dedicará a “garantizar el control efectivo de los riesgos ambientales, la seguridad y la conservación de la infraestructura existente”, agrega.
“Desde finales del año pasado, en CGN y Pronico hemos enfrentado dificultades imprevistas causadas por las sanciones impuestas por la decisión del Departamento del Tesoro”, precisó la nota de prensa.
Asimismo, la empresa asegura que representantes legales en Estados Unidos presentaron una solicitud a las autoridades de ese país para obtener “una licencia temporal que nos permita realizar ciertas transacciones para cumplir con nuestras obligaciones”, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.
“Como resultado, no es posible continuar con las operaciones en las circunstancias actuales”, lamentó, tras indicar que tampoco han sido renovadas las credenciales de exportación de las compañías por el gobierno de Guatemala, por lo tanto, siguen sin “poder recibir fondos de las ventas de nuestros productos”.
Las empresas dedicadas a la explotación y procesamiento de níquel y ferroníquel (aleación de hierro y níquel) están ubicadas en los municipios de El Estor y Los Amates, sobre el Caribe, a 320 km al noreste de Ciudad de Guatemala, epicentro de enfrentamientos entre policías e indígenas mayas que se oponen extracción.
*Con información de AFP.