Tras el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017, el Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó su respaldo a las medidas que sean tomadas.
Así lo expreso el portavoz de dicho Departamento, Ned Price, a través de una rueda de prensa un día después de la decisión de la CPI.
“Apoyamos las medidas de justicia y rendición de cuentas y los programas que fortalezcan las instituciones democrática, la transparencia y el estado de derecho”, indicó Price.
Las organizaciones de Venezuela también calificaron como un logro el anuncio de una investigación por parte de la CPI al régimen de Nicolás Maduro y para muchos líderes opositores de ese país, esto implica que se conozca de una vez por todas la verdad de lo ocurrido, para que las víctimas tengan justicia después de varios años.
En una rueda de prensa ofrecida a los medios, en Caracas, el mandatario venezolano dijo: “después de esta evaluación y este debate, el fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”.
El medio venezolano El Pitazo reseñó que previo al anuncio de la decisión de la CPI, el presidente venezolano confirmó que durante “la llamada fase de examen preliminar, no (se) le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”, durante la visita del fiscal Karim Khan al país vecino.
Khan llegó el domingo a Venezuela para una visita de tres días, saludó el “diálogo constructivo” en las reuniones que sostuvo con Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab y representantes de la Corte Suprema.
Después de ello, Maduro recalcó que está en desacuerdo con la decisión del Fiscal porque en “Venezuela se garantiza la justicia”, pero que trabajarán para demostrarlo.
En cuanto al líder opositor venezolano Juan Guaidó, aseguró que la decisión de la CPI “reivindica el derecho a la justicia” para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad y ratificó el compromiso del sector opositor que representa en colaborar con la investigación.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea presidida por Guaidó, Juan Pablo Guanipa, también aplaudió la postura de la CPI. “No tenemos idea del avance que significa esta decisión. El caso venezolano ofrece al fiscal elementos que justifican el pase a la fase de investigación”.
Antecedentes
Según el portal de Human Rights Watch, en febrero de 2020, el gobierno de Maduro envió información a la Fiscalía de la CPI sobre delitos causados, supuestamente, por las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Esto llevó a la dicho organismo a iniciar un segundo examen preliminar por separado, que sigue en trámite.
“Si no existen investigaciones rigurosas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad de quienes están implicados al más alto nivel en atrocidades, lo cual requiere una reforma profunda del sistema de justicia disfuncional y politizado en el país, la CPI jugará un papel esencial como tribunal de última instancia”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.