El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este viernes que Estados Unidos “carece de autoridad moral” para seguir imponiendo sanciones, las últimas de estas el jueves de esta semana contra altos cargos del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas.
“Rechazo persistente afán estadounidense de agredir a Cuba y a los cubanos, y de reforzar el bloqueo económico”, señaló este viernes el jefe de la diplomacia de la isla, horas después de que la Administración de Joe Biden hiciese público los castigos.
Los últimos nombres en incorporarse a la lista negra han sido los de Roberto Legra, subjefe del Estado Mayor y Jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Andrés Laureano González, jefe del Ejército Central, y Abelardo Jiménez, responsable de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios.
Washington endureció su presión sobre el régimen cubano a raíz de la ola represiva de mediados de julio, cuando se registraron masivas movilizaciones sociales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha enfatizado que su Gobierno seguirá respaldando a los “valientes” ciudadanos cubanos en su lucha en favor de mayores derechos y libertades.
La Administración de Estados Unidos acusó al Gobierno cubano, presidido por Miguel Díaz-Canel, de “reprimir a los manifestantes pacíficos”, en el marco de unas protestas en las que se ha detenido a “más de 800 personas (...) muchas de las cuales se encuentran recluidas en una ‘cárcel preventiva’ y aún se desconoce el paradero de muchas otras”.
“Una vez en la cárcel, muchas son procesadas por las autoridades cubanas en juicios sumarios, con procedimientos simplificados y, a menudo, sin la posibilidad de contratar a un abogado defensor. Decenas de personas ya han sido condenadas a hasta un año de prisión o trabajo correccional como resultado de juicios sumarios”, ha afeado el Departamento del Tesoro en su comunicado.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Global Magnitsky que permite castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos en otros países, suponen el congelamiento de cualquier propiedad en Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción a través del sistema financiero estadounidense.
De acuerdo con el gobierno norteamericano, ese país “seguirá responsabilizando a quienes permitan al gobierno cubano perpetuar el abuso de los derechos humanos”, dijo Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
“Esta medida expone a más perpetradores responsables de reprimir los llamados del pueblo cubano a la libertad y el respeto de los derechos humanos”, agregó.
Legra es subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que durante las protestas desplegó las Tropas de Prevención (TDP), una unidad de la policía militar. González es el jefe del Ejército Central, y Jiménez, el director de cárceles de Cuba.
“Pacíficas y prodemocráticas”
“Las fuerzas de seguridad cubanas han detenido a más de 800 personas en respuesta a las protestas, muchas de las cuales se encuentran recluidas en régimen de ‘prisión preventiva’ y aún se desconoce el paradero de varias personas”, dijo el Departamento del Tesoro en el comunicado.
“Decenas de personas ya han sido condenadas a hasta un año de prisión o trabajo correccional como resultado de juicios sumarios”, añadió.
El presidente Joe Biden advirtió a La Habana que habrá más sanciones “a menos que haya algún cambio drástico en Cuba”.
La primera serie de sanciones de Estados Unidos “por reprimir protestas pacíficas y prodemocráticas en Cuba” fueron el 22 de julio, contra el titular del MINFAR, Álvaro López Miera, y la unidad antimotines Brigada Especial Nacional (BEN) del MININT.
El 30 de julio, Washington aplicó medidas financieras contra la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y sus más altos responsables: el director, Oscar Callejas, y el subdirector, Eddy Sierra.
La tercera ronda fue el 13 de agosto, contra las TDP, también conocidas como “Boinas rojas”, así como contra los jefes de la Dirección Política del MININT, Romarico Vidal Sotomayor, y de la Dirección Política de la PNR, Pedro Orlando Martínez.
El 11 y 12 de julio miles de personas salieron a las calles en Cuba reclamando tener “hambre” y pidiendo el fin de la “dictadura”, en medio de la peor crisis económica en décadas y de una ola de contagios y muertes por covid-19.
Sin precedentes tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en 1959, las protestas dejaron un muerto y decenas de heridos. Cientos fueron detenidos.
Washington ha pedido la liberación de los manifestantes, mientras trata de encontrar formas de garantizar el acceso a internet para el pueblo cubano.
Con información de Europa Press y AFP