El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, publicó un mensaje en Twitter en el cual asegura que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, quiere una negociación secreta.
El pronunciamiento se conoce luego de que Estados Unidos propusiera, el 31 de marzo pasado, un plan para levantar las sanciones a Venezuela ante la creciente crisis, a cambio de que el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó acepten un gobierno de transición que no los incluya. Frente a la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo que afecta a la devastada economía de la otrora potencia petrolera de Venezuela, el gobierno de Donald Trump cambió su táctica desplegada desde hace más de un año para propiciar la salida del socialista Maduro, cuya reelección en 2018 considera fraudulenta. Hasta ahora, Washington apoyaba los esfuerzos de Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento) elegida en 2015, y a quien desde enero de 2019 reconoce como presidente interino junto a casi 60 países, por sacar del poder a Maduro y celebrar nuevos comicios.
En ese momento, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, presentó un "marco para una transición democrática pacífica" en Venezuela, por el cual tanto Maduro como Guaidó se harían a un lado, permitiendo que un Consejo de Estado elegido por miembros de la Asamblea Nacional de ambos bandos organice nuevos comicios presidenciales y legislativos "dentro de 6 a 12 meses". El Departamento de Estado dijo que las sanciones se levantarían conforme avance el plan, que permitiría además negociar créditos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El FMI desestimó hace dos semanas un pedido de ayuda de Maduro para enfrentar el brote del coronavirus, señalando que persisten dudas entre los miembros sobre la legitimidad del Gobierno venezolano.
Venezuela vive un colapso económico agravado desde la llegada al poder de Maduro en 2013, que provocó la huida del país de casi cinco millones de personas, según la ONU. "Creemos que este marco protege los intereses y las acciones de todos los venezolanos que buscan desesperadamente una solución a su grave crisis política, económica y humanitaria", dijo Pompeo. Desde Caracas, Guaidó respaldó la propuesta, muy similar a una planteada por la oposición en fallidas conversaciones mediadas por Noruega en septiembre pasado, y llamó a Maduro a hacer lo mismo. Pero el gobierno de Maduro la rechazó de plano en un comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza, en el que tildó de "adefesio" el planteamiento de "un supuesto gobierno de transición inconstitucional". Elliott Abrams, encargado de Venezuela en el Departamento de Estado, minimizó la reacción de Caracas, señalando a periodistas que Washington esperaba impulsar conversaciones en el entorno de Maduro y en el Ejército. El apoyo de los militares, y de Rusia, China y Cuba, ha mantenido en el cargo a Maduro a pesar de las presiones de Washington y su batería de sanciones económicas, incluido un embargo de facto al crudo venezolano. La propuesta presentada por Pompeo exige la salida de las fuerzas extranjeras de Venezuela, en alusión a la presencia de cubanos y rusos en el país. Colombia, el país más afectado por el éxodo masivo de venezolanos, apoyó el plan. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, celebró la iniciativa al subrayar la exigencia de la liberación "inmediata" de "todos los prisioneros políticos" y la celebración de elecciones "de acuerdo con los estándares de la Carta Democrática Interamericana". Según el plan estadounidense, "cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones". Pero Pompeo dejó en claro que Maduro "se debe ir". Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: "Absolutamente sí", destacando que Estados Unidos sigue "apoyándolo". Abrams dijo más tarde que, si bien Estados Unidos aceptaría cualquier resultado de una elección libre, no creía que Maduro pudiera ganar. El nuevo marco de Washington se conoce cuando Guaidó fue citado por la fiscalía venezolana en una investigación por "intento de golpe de Estado" contra Maduro. La citación se basa en la incautación de un arsenal en Colombia que presuntamente estaba siendo enviado a Venezuela en un complot que, según Caracas, preveía asesinar a Maduro y a otros dirigentes. Guaidó fue implicado en ese supuesto plan por Clíver Alcalá, un militar retirado cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro, con quien luego rompió. La fiscalía estadounidense presentó cargos contra Maduro y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios venezolanos, entre ellos Alcalá, por "narcoterrorismo", y el Departamento de Estado ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita el arresto del mandatario. Alcalá se declaró no culpable el lunes por videoconferencia ante un juez federal de Nueva York, tras entregarse el viernes a las autoridades estadounidenses en Colombia. Abrams dijo que la inculpación a Maduro, así como cualquier sanción en su contra que no esté directamente relacionada con su cargo, se mantendrá vigente incluso si acepta un gobierno de transición.