Estados Unidos tomó la decisión de prohibirles el ingreso a ese país al general (r) Mario Montoya y a su familia.
A través de un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la decisión contra el excomandante del Ejército Nacional, quien es acusado de ser uno de los autores de los denominados falsos positivos que ocurrieron años atrás en Colombia.
“Estados Unidos designa hoy al exgeneral colombiano Mario Montoya Uribe debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Hay pruebas creíbles de que durante su mandato, Montoya Uribe estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se informaron falsamente como muertes en combate durante el conflicto armado interno de Colombia. Como resultado de esta acción, Montoya Uribe y sus familiares directos generalmente no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”, dijo Blinken en el comunicado.
El funcionario estadounidense también recalcó que el Gobierno de Estados Unidos apoya desde 2016 la implementación del Acuerdo de Paz firmado en ese año, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, con las Farc en Cuba.
“Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016. Nos unimos al pueblo colombiano para conmemorar su octavo aniversario este noviembre. Estados Unidos continuará los esfuerzos para apoyar una paz duradera y perdurable en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes”, destacó.
Por último, Blinken pidió a la JEP poner fin a la impunidad que cobija a miles de crímenes que han ocurrido en medio del conflicto colombiano.
“También encomiamos la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz para poner fin a la impunidad por los crímenes relacionados con el conflicto y responder a las víctimas y los sobrevivientes en todas las etapas del proceso de justicia transicional”, concluyó Blinken.
Vale recordar que, en agosto de 2023, la JEP le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general en retiro Mario Montoya por su conocimiento y responsabilidad en 130 ejecuciones extrajudiciales registradas en el oriente antioqueño.
En la imputación se señaló que el entonces comandante de la Cuarta Brigada ejerció presiones con el fin que sus subalternos mostraran resultados operacionales.
Las “muertes en combate” fueron establecidas por el general Montoya –según revelaron varios testigos– como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados o retirados del Ejército Nacional.
La Sala de Reconocimiento de Verdad citó que la obligación impuesta de manera recurrente por el general a sus unidades tácticas para que reportaran “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre. Las capturas no funcionaban.
De acuerdo con la JEP, existe evidencia testimonial y documental suficiente para inferir que el general (r) Montoya “presionó” a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada, “midiéndolos, comparándolos e intimidándolos, para que produjeran bajas a toda costa”.
En sus mensajes tácticos semanales empleaba “un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal”, rechazando el “reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, considerándolas resultados operacionales indeseados”.