Nicaragua se encuentra bajo sanciones estadounidenses debido a la represión de las protestas del año 2018 que se hicieron en contra del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntó al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC) por tratarse de “un actor clave en la represión” de la sociedad civil y “en la detención y encarcelamiento injustos de personas por expresar su disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales”, afirmó el departamento del tesoro de EE. UU.
“Nicaragua es uno de los principales socios de Rusia en Centroamérica, como lo demuestra una serie de visitas de alto nivel a Managua”, indica Washington.
Rusia estableció un centro de entrenamiento en Managua para brindar cursos especializados para la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos, insiste.
Este centro “ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua” porque la PNN “es un aparato estatal represivo que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso participa en escuadrones de la muerte”, señala el gobierno estadounidense.
Además, sanciona a la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining), dos empresas auríferas afiliadas al Gobierno centroamericano “que generan ingresos” para el régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, añade en un comunicado.
Como resultado, todos los bienes y participaciones en bienes de las empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados. Paralelamente, el Departamento de Estado ha emitido más de 250 restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses, que se suman a las más de 1.000 anunciadas en los últimos años.
Por último, el Gobierno de EE. UU. publica un aviso para alertar a la industria del transporte sobre cómo los traficantes de personas de ese país facilitan la migración ilegal a Estados Unidos y les recordó “las medidas clave que deben tomar para evitar” ser cómplices.
El gobierno es “muy cínico” vendiendo visas “que requieren que las personas salgan en un plazo de 96 horas”, explicó una funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
“Es un régimen agresor que se beneficia y facilita el tráfico ilícito de migrantes”, añadió, y precisó que la medida no está destinada al turismo.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses del año 2021, que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio, debido a la represión que se vive en el país.
Desde entonces, Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de oenegés y el mundo académico, además de intensificar la persecución contra la Iglesia católica en ese país.
*Con información de AFP.