La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de aplicar sanciones a funcionarios de Cuba “responsables de la violencia” contra “manifestantes pacíficos” que participaron en las movilizaciones ocurridas en hace más de una semana en la isla.
“El Departamento del Tesoro continuará estudiando a los funcionarios cubanos designados como responsables de la violencia, la represión y la violación de los Derechos Humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba”, dijo en rueda de prensa.
Asimismo, indicó que la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a formar “un grupo de trabajo para identificar la forma más efectiva de hacer llegar ayuda directamente a las manos del pueblo cubano”.
En este sentido, ha precisado que está “trabajando estrechamente con el sector privado y el Congreso para identificar opciones viables para hacer que internet sea más accesible al pueblo cubano” así como con organizaciones internacionales “para aumentar los flujos de asistencia humanitaria a Cuba”.
Cuba denuncia “campaña de injerencias”
La subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de Cuba, Johana Tablada, denunció que Estados Unidos está llevando a cabo una “campaña de injerencias” para que países terceros “se pronuncien contra Cuba”.
“Estas presiones se realizan principalmente hacia gobiernos de América Latina, con el objetivo de obligarlos a hacer declaraciones condenatorias contra nuestro país”, señaló, según recoge un comunicado del Ministerio cubano.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reiterado que a través de esta “campaña” se agudiza el bloqueo sobre la isla.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Cuba al grito de “¡Libertad!” y “¡Cuba y vida!”, en unas protestas caracterizadas por el rechazo al Gobierno y actos de vandalismo, si bien el Gobierno cubano ha reiterado que no fue “un estallido social”.
Investigación de líderes de las protestas
Al grito de “tenemos hambre”, “abajo la dictadura” y “libertad”, las protestas se extendieron a más de cuarenta ciudades, dejando un muerto y centenares de detenidos, entre ellos activistas, opositores políticos y periodistas independientes.
El politólogo cubano Rafael Hernández cree que mientras la vida retoma su ritmo, las autoridades se enfocarán en acotar a los opositores políticos.
“Esperaría que los tengan bajo vigilancia estricta y como se les ocurra moverse en una acción de convocatoria los van arrestar”, dice Hernández.
Para Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano residente en México, “hay un proceso de neutralización” de una parte de la base social que “sostuvo la protesta”, y “se ha echado a andar todo un operativo de identificación de posibles líderes”.
Esto no evitará “un nuevo estallido social, tal vez no de las dimensiones de lo que vimos” pero “sí puede haber protestas más localizadas, más delimitadas”.
Reformas económicas
La escasez de alimentos y medicinas, en medio de la crisis por la pandemia, alimentaron la molestia social, luego de la peor caída de la economía (-11 % en 2020) en casi 30 años.
El presidente Miguel Díaz-Canel lanzó un grupo de medidas para calmar los ánimos. Autorizó a viajeros a importar alimentos y medicinas sin impuestos, dio acceso a la canasta básica subsidiada a unas 300.000 personas que perdían ese derecho por haberse mudado, y ordenó la liberación de la escala salarial en la empresa pública.
“Veo un escenario de política social de emergencia (...) dirigida a amortiguar el golpe”, explica Hernández. Otros analistas preconizan acelerar los cambios e impulsar el emprendimiento privado con la aprobación de las Pymes.
“Mantiene una táctica de ir aflojando poco a poco para ir soltando presión” y eso “es una táctica fallida porque no soluciona los problemas del país estratégicamente”, dice de su lado, Mauricio de Miranda Parrondo, economista y académico de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
*Con información de agencias