Estados Unidos reclamó el sábado la liberación de figuras del antiguo gobierno interino de Bolivia, detenidas y procesadas desde mediados de marzo, entre ellas la expresidenta interina Jeanine Áñez, por un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
“Instamos al gobierno boliviano a dejar en claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional con la liberación de los exjerarcas detenidos”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó la “profunda preocupación” de Estados Unidos por “las crecientes señales antidemocráticas y la politización del sistema judicial en Bolivia”.
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez sumó el pasado martes cuatro nuevas acusaciones por actos inconstitucionales durante su mandato, mientras se encuentra en prisión preventiva señalada de haber participado en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
Los nuevos cargos fueron presentados por el Ministerio de Justicia en nombre del Estado, y la Fiscalía aceptó investigarlos para el periodo en que Áñez ejerció como presidenta, luego de asumir el poder en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de denuncias de fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.
En prisión preventiva por seis meses en La Paz -y en medio de reclamos para que sea trasladada a una clínica por problemas de salud-, Áñez fue inicialmente acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Pero ahora suma cargos por firmar “resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública y discriminación”, destacó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Estas recientes acusaciones abren dos frentes para la defensa de la exmandataria, de 53 años, quien fue detenida hace diez días en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), por orden de la Fiscalía, tras ser denunciada por la exdiputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda).
También fueron aprehendidos sus exministros de Justicia y Energía y pesan órdenes de detención contra otras personalidades, como el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento, además de altos cargos militares y policiales.
Actos anticonstitucionales
La nueva acusación contempla cuatro cargos por diferentes hechos mientras ejerció como máxima autoridad del Estado.
Entre ellos destaca la firma de un decreto por la pandemia del coronavirus -que en Bolivia suma ya más de 260.000 contagios y supera los 12.000 muertos- que sancionaba con cargos penales a quienes cometieran delitos contra la salud pública.
La redacción del articulado alegaba que “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” serían acusados bajo esa norma, una redacción vaga y ambigua criticada por Human Rights Watch (HRW).
También se le señala por haber firmado un crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 327,7 millones de dólares sin autorización del Congreso o por la emisión de órdenes a fuerzas del Estado para “no permitir” el ingreso de bolivianos desde Chile durante la pandemia, según indicó el Ministerio Público.
La justicia boliviana ordenó este viernes el traslado a una clínica de la expresidenta Jeanine Áñez, que presentó problemas de salud tras ser encarcelada por un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el exmandatario Evo Morales, pero su familia denunció que el Gobierno incumple la orden.
Tres jueces de La Paz, encabezados por Gonzalo Montaño, resolvieron en la tarde “la salida judicial” de la exjefa de Estado a una clínica “a objeto de su correspondiente valoración médica por especialistas de cardiología y exámenes de laboratorio para precautelar su vida y salud”.
También determinaron que su traslado se diera con “escolta y demás medidas de seguridad”, a cargo de la Dirección Gubernamental de Régimen Penitenciario.
Áñez era segunda vicepresidenta del Congreso cuando accedió interinamente a la presidencia boliviana en noviembre de 2019 por la renuncia, junto a Morales, de todos los cargos anteriores en la cadena de sucesión.
El líder izquierdista abandonó su cargo tras 14 años en el poder a raíz de violentas protestas impulsadas por opositores, que acusaron a Evo Morales de haber ganado de forma fraudulenta las presidenciales de octubre de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato.
*Con información de AFP