La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha dado por hecho que la sentencia que se conocerá este martes 6 de diciembre con relación a la causa Vialidad será condenatoria, lo que puede implicar una pena de hasta 12 años de cárcel y un primer paso hacia su posible inhabilitación para ocupar cargo público.
Fernández se le ha señalado como supuesta partícipe en una trama ilegal para defraudar al Estado mediante obras públicas en Santa Cruz, junto a más de una decena de acusados, aunque ella siempre ha defendido que es víctima de una persecución política.
La vicepresidenta ha explicado en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo que el 7 de diciembre los periódicos llevarán en portada: “Cristina, condenada”. Coincidirá con el aniversario de la puesta en marcha de una ley que, durante su Gobierno, pretendía combatir la acaparación de medios de parte de unos pocos empresarios.
La Fiscalía, a la que Fernández también incluye dentro de esta supuesta conspiración, estima en 5.321 millones de pesos argentinos, la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.
“Estaríamos todos presos”: dijo Fernández
Fernández ha afirmado que los jueces “puestos” por el expresidente Mauricio Macri le “protegen” a él y también a quienes intentaron asesinarla a principios de septiembre. Considera que solo están entre rejas “los autores materiales” del ataque. Quedarían por conocer, a su juicio, los “autores intelectuales”.
“Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos”, precisó Fernández, según extractos difundidos por la agencia de noticias Télam.
Piden investigar connivencia entre jueces, fiscales y empresarios
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó la apertura de una investigación penal sobre un supuesto viaje entre jueces, fiscales y empresarios de medios, tras la difusión de mensajes en los que se acordaban estrategias para ocultarlo.
El mandatario dio el mensaje por cadena nacional en la víspera de que se conozca el veredicto de un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción durante sus mandatos presidenciales (2007-2015).
“He decidido instruir al ministro de justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal y que solicite que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y lo relacionado a su financiamiento”, precisó.
Según el presidente, “lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”.
Fernández utilizó la cadena nacional “porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”, dijo.
¿Qué sucedió?
La polémica se originó en un viaje realizado el 13 de octubre a Lago Escondido, un paradisíaco paraje de la Patagonia argentina, en el que participaron jueces, fiscales, empresarios y el ministro de justicia de la alcaldía de Buenos Aires, en manos de la oposición, según el diario Página/12 que lo hizo público cuatro días después.
Quienes volaron en un avión privado, se alojaron en la casa de campo del millonario británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas en el sur del país.
En los últimos días, salieron a la luz una serie de mensajes de un chat de la plataforma Telegram en el que los presuntos participantes de aquel viaje acordaban una estrategia para evitar la difusión y ocultar el origen del financiamiento, según se desprende de los audios y textos difundidos por varios medios.
Algunos proponían la presentación de facturas apócrifas, montajes de fotografías, amenazas y otros ardides.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público”, advirtió el presidente.
Por su parte, el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó al ministro de Justicia, Marcelo D’Alessandro, y aseguró que está a disposición de la justicia.
“Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”, escribió Rodríguez Larreta en Twitter.
*Con información de AFP y de Europa Press.