Algunos utopistas creyeron que el 21 de julio de 2020 marcaría el nacimiento de los Estados Unidos de Europa. Se cumplía, para los afanados eurófilos, el sueño del escritor Víctor Hugo, quien creía en un continente fraternal en el que los cañones que lo dividieron durante siglos eran expuestos en museos como vestigio de guerras enterradas. Ese día, la organización supranacional se puso de acuerdo, luego de 90 horas de negociaciones, para crear un fondo de recuperación de la economía de 750.000 millones de euros, respuesta colosal a la crisis generada por la pandemia de la covid-19. Por primera vez en la historia de la organización, un préstamo en su nombre era previsto, lo que significaba la utilización de un dispositivo digno de un sistema federal.
La esperanza fue sepultada este mes a causa del veto de Hungría y de Polonia a ese plan de recuperación. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es su principal obstáculo, pues rechaza vehementemente las condiciones de atribución de las ayudas. Estas solo serían acordadas si el beneficiario respeta el Estado de derecho. Aunque el mandatario había expresado su rechazo desde julio, se creía que las negociaciones desbloquearían la situación y que los dos países de Europa central, ampliamente favorecidos si la economía retoma su ritmo, no se echarían la soga al cuello en medio de la pandemia.
Orbán teme que al aceptar el plan de rescate la Unión Europea disponga de nuevas herramientas para sancionarlo. En un comunicado publicado en Twitter escribió que esta podrá “utilizar medios financieros para chantajear a los países que se oponen a la inmigración”. En efecto, Hungría es el Estado más reticente del continente a acoger a los refugiados. El mandatario se ha opuesto desde 2015 a todo mecanismo de repartición de solicitantes de asilo entre los países miembros. El mismo año, instaló “zonas de tránsito” con la frontera serbia, en donde privaba de libertad a los refugiados al encerrarlos en campos llenos de contenedores y rodeados de alambres de púas.
El maltrato a los migrantes es solo uno de los puntos que la Unión Europea le reprocha. La institución también ha acusado al país de debilitar la democracia mediante una reforma de la Corte Constitucional realizada en 2011, al permitir actos de corrupción en proyectos financiados por Europa y al atentar contra los derechos de las minorías, la libertad de la prensa y la independencia de los magistrados.
Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, sabe que el plan de rescate puede ser un instrumento coercitivo para reorientar sus polémicas políticas. La autonomía de la justicia en ese país, según la Comisión Europea, está amenazada por las reformas de 2017 de la Corte Suprema y del Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de la nominación de los jueces.
Otros temas podrían añadirse a la lista de desacuerdos entre la Unión Europea y Polonia. Recientemente, Varsovia aprobó una ley para restringir el acceso al aborto, lo que provocó multitudinarias manifestaciones y la reacción de la comisaria europea de los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, quien escribió en Twitter: “Eliminar las bases de casi todos los abortos equivale a prohibirlos y viola los derechos humanos”.
El veto de estas dos naciones al plan y sus políticas autoritarias son síntomas de las divisiones ideológicas en Europa. No es la primera vez que el occidente de la Unión Europea y la franja poscomunista muestran sus divergencias. En 2015, cuando Berlín y Bruselas propusieron cuotas para repartir a los inmigrantes en el continente, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia se mostraron reticentes o se opusieron formalmente. Estos países, que conforman el Grupo de Visegrado, representan el ala populista en la organización transnacional.
La situación en Hungría y Polonia también muestra las dificultades que la Unión Europea tiene para hacer aplicar el artículo 2 del Tratado de Maastricht, el cual estipula que la organización está basada en el Estado de derecho. Desde 2017, sometió a los dos países al procedimiento del artículo 7 del tratado, texto que prevé sanciones contra quienes no respeten las disposiciones del artículo 2. Sin embargo, si el trámite llega a su término, la decisión de aplicar la sanción necesitará la unanimidad de los países miembros contra la nación en infracción. Hungría y Polonia, inteligentemente, se regalarían mutuamente el veto, lo que significa que ese camino está cerrado.
Por ello, no sorprende que la Unión Europea aproveche del plan de rescate para encontrar otros medios coercitivos. “Debemos intensificar nuestro trabajo para hacer respetar el Estado de derecho. Necesitamos aumentar la presión también por medio del dinero”, declaró en septiembre Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión, durante la presentación del reporte anual del Estado de derecho en la Unión Europea.
Sin embargo, esas medidas no darán sus frutos si los juegos de poder de los grupos políticos en la Unión Europea no se modifican. “Fidesz, el partido de Orbán, es miembro del Partido Popular Europeo o PPE, el más poderoso en el continente. Esto le ha permitido a Orbán ser protegido durante diez años en los que ha desmantelado metódicamente los contrapoderes en Hungría. El PPE suspendió al Fidesz, pero no lo ha expulsado por razones estratégicas, para no perder curules en el Parlamento”, dijo a SEMANA Sébastien Platon, experto en derecho europeo de la Universidad de Burdeos.
Por eso, a corto plazo, lo único que puede hacer la Unión Europea es encontrar alternativas para desbloquear el plan de rescate. Los 25 países que están de acuerdo podrían transferir el contenido del plan a un simple convenio internacional firmado por los Estados que lo deseen, como sucedió con el Tratado del espacio Schengen en los años ochenta, para evitar las reticencias de algunas naciones. Otra posibilidad es utilizar el mecanismo de cooperación reforzada, previsto en los tratados, que permite que una decisión que necesita normalmente la unanimidad sea aceptada por solo una parte, a condición que el Consejo lo autorice. “Para contentar a Hungría y a Polonia, también se les podría ofrecer una declaración política, la garantía de que todo Estado afectado por una suspensión de fondos podrá defenderse”, dijo Platon.
Con 12 millones de casos de covid-19, 308.000 muertos y un Producto Interno Bruto que podría caer en 7,4 por ciento en 2020, la Unión Europea necesita que el plan de rescate se aplique lo más pronto posible. Diciembre será crucial, pues el voto oficial del plan se organizará durante este mes con la esperanza de un despliegue del dispositivo a comienzos de 2021. Y si el continente logra lanzar su salvavidas no deberá olvidar, cuando desaparezca la urgencia, que el desafío más difícil será vencer los nacionalismos en su seno que provocan ese tipo de bloqueos, entre muchos otros males.