El expresidente de Bolivia Evo Morales ha pedido este viernes a sus acólitos que levanten los bloqueos que desde hace 19 días han obstruido decenas de vías de comunicación, especialmente en Cochabamba, al mismo tiempo que se ha declarado en huelga de hambre y ha solicitado al Gobierno establecer una mesa de diálogo.
“La situación se ha vuelto complicada y, con ello, se hace más difícil lograr una solución que satisfaga a todos”, dijo Morales en una rueda de prensa, en la que anunció su decisión de iniciar una huelga de hambre “hasta que el Gobierno acceda a establecer mesas de diálogo”.
Dicha negociación, una de carácter política y otra económica –sugirió– debería contar con intermediarios internacionales y países amigos a fin de lograr un acercamiento “transparente y efectivo”.
Morales argumentó la necesidad de levantar estos bloqueos a fin de evitar un “derramamiento de sangre”, después de que se hayan intensificado los enfrentamientos entre sus afines y las fuerzas de seguridad, con la toma incluida de tres cuarteles militares, según confirmó el presidente Luis Arce.
Por último, pidió a sus seguidores que consideren levantar los bloqueos a fin de “evitar la violencia, proteger la economía nacional y atender las necesidades de los bolivianos”, como gesto para “construir puentes y buscar una salida pacífica para todos”, dijo.
Antes, el presidente Arce había denunciado ante la comunidad internacional que “grupos armados afines” a Morales han tomado por asalto tres cuarteles del Ejército, “reteniendo como rehenes” a militares y a sus familias.
“Ellos son de origen popular y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamitas”, denunció Arce en X.
“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la patria, una afrenta a la Constitución, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales”, manifestó.
Arce alertó de que estas “acciones delictivas” afectan al conjunto de la sociedad boliviana y solo buscan “la ruptura del orden público legalmente constituido” con el objetivo de acortar el mandato del actual Gobierno, “imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales”.
“Como Gobierno democráticamente electo, en el marco de nuestras facultades constitucionales y con el apoyo del pueblo, continuaremos llevando adelante acciones orientadas a restablecer el orden público”, enfatizó.
Hace dos semanas, los seguidores de Morales comenzaron a levantar bloqueos en varios puntos de la geografía boliviana, especialmente en Cochabamba –bastión del expresidente–, pero también en otras áreas de Potosí, Oruro o Santa Cruz.
Las protestas, que si bien en un principio estaban motivadas por la crisis económica, han servido para reclamar las aspiraciones políticas de un Morales, que a pesar de no estar habilitado insiste en presentarse a las nuevas elecciones. Los enfrentamientos con las autoridades han ido en aumento especialmente esta semana, después de que denunciara un supuesto plan para acabar con su vida.
Mientras tanto, Morales tiene varias causas judiciales abiertas. A las denuncias por los destrozos que se originaron durante la gran movilización que encabezó en septiembre, se suman los ataques a la Policía y, sobre todo, el supuesto abuso de menores y trata de personas por una relación que tuvo con una menor de 16 años cuando era presidente, y de la que nació una niña.