El pasado cuatro de diciembre de 2023, el encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo pidió al Tribunal Constitucional que le deje en libertad inmediatamente y suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año, cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso.
Castillo formuló su requerimiento en el marco de una audiencia virtual ante el tribunal, quien evalúa cinco recursos de hábeas corpus para anular un fallo judicial que envió a prisión hasta diciembre de 2025 al exmandatario izquierdista.
“Señores magistrados, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores”, dijo Castillo desde la prisión de Barbadillo, en el este de Lima.
No obstante, la solicitud de Castillo fue rechazada, y la Fiscalía de Perú ratificó la prisión preventiva por 36 meses para el expresidente.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación en curso es compleja y que existiría “riesgo de fuga y obstaculización” por parte de Castillo.
“Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo y, consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución 3 del 9 de marzo de 2023″, recoge la decisión.
La Fiscalía de Perú pidió a finales de febrero del año pasado 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, y dos de sus ministros, por presuntamente liderar una organización criminal. El Ministerio Público atribuyó entonces al exmandatario su liderazgo en una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, incluidos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
En ese momento, Castillo se encontraba cumpliendo 18 meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por el presunto delito de rebelión, después de ser detenido tras el anuncio de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Hay que recordar que el 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país transmitido por radio y televisión donde anunció que disolvía el Congreso, que iba a gobernar por decretos y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Luego fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima.
“Nunca me levanté en armas”, alegó Castillo ante los magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó, porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.
El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.
“Claro está que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada, para derrocar a mi Gobierno”, dijo este lunes.
Castillo, un maestro rural, cumple 36 meses de prisión preventiva, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio. Su caída llevó al poder a Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta.
*Con información de AFP y Europa Press