El expresidente de Estados Unidos Donald Trump tendrá que dar testimonio la próxima semana ante un tribunal de Nueva York en relación a una demanda presentada por un grupo de Derechos Humanos por las agresiones que sufrieron por parte del servicio de seguridad de la Torre Trump un grupo de personas que se manifestaban contra su retórica racista en 2015.

La jueza de la Corte del estado de Nueva York, Doris González, explicó que Trump deberá declarar el próximo lunes 18, aunque ha permitido que su comparecencia se lleve a cabo a través de una grabación.

En caso de emergencia o enfermedad, la cita podrá aplazarse sin que se sobrepase la fecha del próximo 31 de octubre.

“Este es un caso sobre los guardias de seguridad de Donald Trump, que agredieron a manifestantes pacíficos en una acera pública”, señaló el abogado de los demandante, Benjamin Dictor, quien acudirá junto al resto de letrados a las oficinas del magnate en la Quinta Avenida a tomarle declaración, informó la NBC.

El caso se remonta a septiembre de 2015, cuando un grupo de personas acudió a las puertas de la Torre Trump en Nueva York para protestar por unas declaraciones racistas de Trump, quien tres meses antes había anunciado su candidatura a la Casa Blanca, sobre la comunidad latina.

Según la denuncia, los guardias de seguridad de las instalaciones del magnate agredieron a algunas de las personas que allí se congregaron para repudiar algunas de la soflamas que Trump había estado lanzado con vistas a las elecciones, entre ellas que los mexicanos eran “violadores” o “traficantes de drogas”.

Ya en 2019, la juez González intentó sin éxito que Trump declarara, pero este se amparó en su condición de presidente de Estados Unidos para evitar comparecer.

Hace unos meses, ya fuera de la Casa Blanca, una corte de apelaciones de Nueva York dio la razón a la acusación y desestimó este argumento.

Aliado de Trump bajo amenaza de la Justicia por poner trabas a pesquisa del Congreso

Entre tanto, una comisión de investigación parlamentaria de Estados Unidos inició este jueves actuaciones legales en contra de Steve Bannon, antiguo consejero del expresidente Donald Trump, por “obstaculizar el trabajo del Congreso” sobre las investigaciones del asalto al Capitolio.

Bannon fue convocado el jueves ante esta comisión especial de la Cámara de Representantes que indaga cuál fue el papel del expresidente republicano en el ataque de sus partidarios contra la sede del Congreso el 6 de enero, mientras se certificaba la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial.

Los manifestantes interactúan con la Policía del Congreso dentro del edificio del Capitolio de EE. UU. WIN MCNAMEE AFP | Foto: AFP

“Bannon rehusó cooperar”, constató el demócrata Bennie Thompson, que dirige esta comisión criticada por Trump y sus aliados.

Thompson señaló en un comunicado que “la comisión especial no tolerará este desdén hacia sus asignaciones y vamos a iniciar el procedimiento para que Bannon sea perseguido penalmente por obstaculizar el trabajo del Congreso”.

Los miembros de la comisión se reunirán el martes por la noche para detallar formalmente su demanda.

Esta deberá ser luego votada en el pleno de la Cámara, donde los demócratas son mayoritarios, antes de ser transmitida al Ministerio de Justicia. El fiscal general, Merrick Garland, decidirá si se debe inculpar a Bannon, que podría arriesgar hasta un año de cárcel.

Bannon, de 66 años, fue uno de los artesanos de la victoriosa campaña presidencial de Trump en 2016, antes de ser expulsado por el multimillonario republicano. En los últimos días de su mandato, el entonces presidente le concedió un indulto, lo que puso fin a un proceso por malversación de fondos.

Además de este consejero, cuatro aliados de Trump recibieron citaciones de la comisión especial, que les exige presentar documentos o testimonios.

El expresidente les pidió no ir, invocando el derecho del Ejecutivo a guardar información secreta. Pero, para los demócratas, esta prerrogativa solo aplica para el presidente en ejercicio.

El debate jurídico debería llevarse ante los tribunales y podría frenar los trabajos de la comisión.

Con información de Europa Press y la AFP.