La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), un grupo que conforman expresidentes de la región, ha mostrado serias preocupaciones por las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre las reivindicaciones públicas como superior jerárquico del fiscal general, Francisco Barbosa.
Más de una veintena de expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, Felipe Calderón ex presidente de México, el expresidente de Argentina Mauricio Macri y el de Chile Sebastián Piñera firmaron una misiva en la que alertan el “riesgo constitucional y democrático” en Colombia.
Teniendo en cuenta los “precedentes” en la región, los expresidentes, en cuya lista también figura el colombiano Iván Duque, han alertado del riesgo de ejercer presiones “para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la Justicia”, según una nota emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
Los exjefes de Estado “saludan la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que acompaña al fiscal general y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la república, Gustavo Petro”, dice la misiva.
A juicio de los mandatarios, las palabras de Petro no solo afectan a un “elemento esencial de la democracia representativa” como es “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho”, sino que también “debilita” los derechos de los ciudadanos a las garantías y la protección judiciales, aspectos ambos consagrados en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder, a cuyo efecto, el Grupo IDEA ofrece sus buenos oficios”, ha expresado este grupo.
Los expresidentes aseguraron que “al corresponderle a los jueces ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de los distintos poderes del Estado, invadir las competencias de la Justicia de suyo debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales”.
Entre los exmandatarios firmantes se encuentran, Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar, expresidente de España, Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Federico Franco de Paraguay Eduardo Frei de Chile y Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador.
También está Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Carlos Mesa de Bolivia, Lenin Moreno, Ecuador, Mireya Moscoso, Panamá, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y Ernesto Pérez Balladares, Panamá, entre otros.
Gustavo Petro y Francisco Barbosa han discutido sus funciones hasta el punto de que el presidente llegó a decir desde España: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Por tanto, el jefe de él”.
El máximo tribunal judicial de Colombia acusó este viernes al presidente Gustavo Petro de generar “inestabilidad institucional” y “malinterpretar” la Constitución, luego de que el mandatario asegurara ser el “jefe” del fiscal general.
Petro “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundamental de la democracia colombiana”, señaló la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.
El Fiscal General, Francisco Barbosa, recibió todo el apoyo por parte de la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, quienes mostraron su preocupación “ante la situación acaecida en Colombia, en la que el presidente de la República, en declaraciones que se han hecho públicas, ha desconocido la independencia de la Fiscalía General”.
Los juristas, además, dijeron que las palabras de Gustavo Petro frente a Barbosa, “denotan el desconocimiento de la autonomía que tiene la Fiscalía, reconocida en su carta magna. Lo sostenido por el mandatario representa un grave atentado contra las instituciones democráticas”.
Gustavo Petro sostiene desde hace meses una disputa contra el fiscal general, Francisco Barbosa, quien se opone a sus propuestas de dar beneficios penales a los narcotraficantes a cambio de su desarme y sometimiento a la justicia. La Nueva Prensa denunció que presuntamente la fiscalía archivó investigaciones sobre masacres del Clan del Golfo, el mayor cartel del narcotráfico del país.
Con información de AFP y Europa Press*