Una doble tragedia está viviendo Luz Miryam Pérez. Su esposo Armando Sánchez Roby, quien permanecía detenido en la cárcel de Guangzhou (China), falleció el pasado fin de semana tras las graves secuelas del cáncer de próstata que padecía.

Armando Sánchez estaba condenado a muerte por tráfico de drogas, y permanecía recluido junto con su hijastro, quien además está sentenciado a cadena perpetua por el mismo delito en esta ciudad asiática.

Así lo confirmó Luz Miryam Pérez a Blu Radio, quien además solicitó a la Cancillería le ayude a repatriar el cuerpo de Sánchez a Colombia.

La mujer aseguró que el cónsul de Colombia en Guangzhou, Hernán Vargas, le comunicó la información el día de ayer (domingo). “La Cancillería no se ha pronunciado absolutamente para nada. Cuando el cónsul me llamó me pidió la autorización para cremar el cuerpo de él, según me comentó, la prisión tenía un sitio para guardar los restos, pero yo le dije que más bien los recogieran ellos y los llevaran al consulado y yo buscaba alguien que los reclamara para ver cómo los puedo repatriar”, declaró Pérez a la emisora de radio nacional.

Armando Sánchez Roby había estado recibiendo un tratamiento de quimioterapias por el cáncer de próstata que padecía desde hace dos años, según contó su esposa.

El pasado 1 de junio, el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó una ley que ratifica un tratado con China para repatriar a personas condenadas con el fin de que paguen sus penas en su país de origen, informó en ese momento la agencia Associated Press.

Esta norma era esperada por decenas de familiares que claman para que sus seres queridos sean trasladados a cárceles colombianas, sobre todo luego de que en 2017 China decidiera ejecutar a Ismael Enrique Arciniegas, condenado a pena de muerte, pese a las súplicas de sus familiares y solicitudes del Gobierno colombiano.

Según la ley, al 2 de junio de 2020 había 83 colombianos privados de la libertad en China y cinco ciudadanos chinos recluidos en Colombia. Sin embargo, solo podrán pedir la repatriación quienes hayan recibido condenas, sin posibilidad de un recurso adicional.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró en junio pasado que hay 15 colombianos que han sido condenados a penas que “para el Estado colombiano resultan inconstitucionales”, entre ellos, nueve sentenciados a cadena perpetua, tres a pena de muerte con suspensión a dos años y dos con pena de muerte en apelación.

Con esta ley se ratificó el tratado suscrito entre los dos países en Beijing, China, en julio de 2019, en el cual se acordaron las reglas para pedir la repatriación de presos y el procedimiento. Colombia inició los acercamientos con China para avanzar en los trámites de traslado desde el año 2015, los cuales sólo eran permitidos por razones humanitarias.

De acuerdo con el ministro de Justicia colombiano, el tráfico de estupefacientes es el delito por el que más colombianos se encuentran detenidos en China, el cual también es un delito en Colombia.

La ley aclara que “independientemente del Tratado de cumplimiento de las condiciones establecidas en este, cada Parte podrá determinar discrecionalmente si acepta o no el traslado solicitado por otra Parte”. Además, el país receptor se compromete a continuar con la ejecución de la sentencia impuesta por el país donde fue impuesta “acuerdo con la naturaleza y la duración de la misma”.

La mayoría de los colombianos presos en China son ‘mulas’ del narcotráfico, personas incautas que estrenaron el pasaporte sin imaginarse que resultaría un auténtico viaje al infierno.

La tragedia del hijo y esposo de Luz Miryam empezó en el año 2012. Esta familia vivía en Pereira, Walter trabajaba un taxi y su padrastro, Armando, manejaba un carro pirata; tenían deudas, y personas malintencionadas les hicieron la propuesta del dinero fácil a montones. Un día se despidieron de la familia, viajaron a Bogotá donde recibieron documentos, tiquetes y el equipaje que habría de sentenciar sus vidas. Los capturaron en el aeropuerto de Guangzhou el 9 de agosto de 2012 por llevar cocaína en sus maletas.