Los familiares del candidato presidencial asesinado en Ecuador, Fernando Villavicencio, presentaron una demanda contra el Gobierno y los mandos policiales por el delito de “asesinato por omisión dolosa”, argumentando que las instituciones no garantizaron la protección del periodista, según lo confirmó el abogado de la familia.
Según el defensor, Marco Yaulema, Fernando Villavicencio había sido amenazado múltiples veces por criminales incómodos con sus denuncias periodísticas, por lo que debía tener un mayor esquema de seguridad el 9 de agosto, el día que un sicario le disparó.
Yaulema responsabilizó de su desprotección al presidente Guillermo Lasso, al ministro del Interior, Juan Zapata; al comandante de la Policía, el general Fausto Salinas; y al jefe de inteligencia, Manuel Samaniego.
Villavicencio “estaba amenazado por las mafias y todos lo sabían, todo el Estado lo sabía”, reclamó el abogado en una rueda de prensa.
“Fue un periodista que tenía muchas amenazas, a pesar de todo ello no hicieron absolutamente nada, lo dejaron al abandono, lo dejaron que se muera”, aseguró en una rueda de prensa Yaulema. Según su versión, fallas en el operativo de seguridad facilitaron el homicidio.
Un video registró el momento en el que el candidato se sube por la parte derecha de una camioneta sin blindaje. Desde el otro costado, un pistolero colombiano le dispara dos veces en la cara y otra en la cabeza, contó Yaulema. El sicario intentó huir antes de caer abatido por el guardaespaldas.
La familia reclama que el número de custodios de Villavicencio no era el adecuado y que el conductor del vehículo no estaba frente al volante.
“No existió absolutamente nada (de seguridad), estamos diciendo que el Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República”, insistió Yaulema, acompañado de una hermana de Villavicencio, un tío y su hija mayor.
Christian Zurita, también periodista y mejor amigo del difunto, lo reemplazará en la fórmula presidencial para la primera vuelta de este domingo. Juntos destaparon varios de los escándalos de corrupción más sonados en el país y revelaron los supuestos vínculos de la fuerza pública con narcos y pandilleros.
El abogado recalcó que Villavicencio hizo más de 200 investigaciones y publicó 11 libros, por lo que su vida corría peligro. “¿La máxima autoridad de la Policía quién es? El presidente de la República, ¿quién tiene que llevar la seguridad al Estado? El presidente de la República”, dijo el defensor, asegurando que el ministro amparado por la Constitución tiene la rectoría de hacer política pública.
El Gobierno y los mandos policiales son responsables por “omisión dolosa”, dijo, del asesinato que consternó a Ecuador.
“No puede ser posible que un periodista, que una persona que denunció los más grandes casos de corrupción en el país (...) no haya tenido resguardo”, agregó.
A pesar de que la Policía Nacional y la Fiscalía General trabajan sin descanso para esclarecer los hechos, responsabilizar a los autores intelectuales y materiales del atentado contra el político y atribuir las respectivas sentencias, la esposa, ahora viuda del excandidato, Verónica Sarauz, exige respuestas contundentes que desvelen la verdad sobre lo ocurrido esa noche del jueves en la capital del país.
Sarauz, visiblemente afectada por la pérdida de su compañero sentimental, habló con SEMANA sobre sus inquietudes acerca del esquema de seguridad que tenía su esposo durante toda la carrera por la presidencia, además de mostrar su optimismo ante las respuestas contundentes que la fiscalía le pueda otorgar.
“Ellos tienen que explicarme por qué mi esposo salió con la seguridad de él, pero luego fue metido en una camioneta que no tenía resguardo, que no tenía chofer, para en el momento de los impactos salir huyendo del lugar. Alguien tiene que responder por esas cosas. Su guardia no actuó como debía actuar”, expresó la mujer.
*Con información de AFP.