En total, 18 días duró el polémico juicio contra la fiscal Virginia Laparra. Contra ella testificaron policías y funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), además de un controvertido juez que fue investigado por la acusada antes de caer en desgracia y ser detenida, el pasado 23 de febrero.
La fiscalía pidió ocho años de cárcel para Laparra por supuesto “abuso de poder” y que se le inhabilite para ejercer como abogada y ocupar cargos públicos, sin embargo, defensores de los derechos humanos afirman que debe ser absuelta, pues es una “presa de conciencia”.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, ex fiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Un tribunal de Guatemala condenó a la fiscal anticorrupción Virginia Laparra a cuatro años de prisión en un polémico y acelerado juicio rechazado por grupos de derechos humanos.
“La acusada Virgina Laparra es responsable en grado de autora del delito de abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública [...] y se le impone la pena de cuatro años de prisión conmutables”, anunció la jueza Oly González. Por ser una pena conmutable, la fiscal puede salir anticipadamente en libertad si paga una fianza.
Antes de la sentencia, Laparra aseguró que era víctima de una persecución y que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en el juicio, reconocida por defender a ciudadanos de guatemala denunciados por corrupción y militares acusados de haber cometido crímenes durante la guerra civil de 1960.
Aseguró además que la denominada Fundación Contra el Terrorismo siempre se opuso a la lucha contra la corrupción en Guatemala: resistió a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador que operó con aval de la ONU entre 2007 y 2019, y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde ella sirvió durante seis años.
El juicio contra Laparra comenzó el 29 de noviembre en medio de manifestaciones de activistas afuera del tribunal para exigir su liberación.
Estados Unidos afirma que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emprendió una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG. Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Una de las acciones que motivó a Washington a prohibir el ingreso de Porras a Estados Unidos fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un “campeón anticorrupción” a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.
Con información de AFP*