A lo largo de esta semana se han conocido más detalles de los Papeles de Pandora, una extensa investigación de más de dos años en la que participaron decenas de periodistas de todo el mundo, que analizaron miles de documentos que demuestran la participación de militares, políticos, músicos y actores en sociedades offshore en paraísos fiscales.
Uno de los involucrados es el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien ahora será investigado por la Fiscalía de ese país para determinar si sus actuaciones están ceñidas a la ley o tendrá que responder por algún tipo de delito, dentro de la millonaria operación de la venta de sus acciones en una minera del país.
La investigación está relacionada con la Minera Dominga, la cual fue vendida por una de las empresa de sus hijos, que ahora aparece en estos documentos, por unos US$152 millones, que se habrían movido a través de una empresa en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
“El fiscal nacional ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a los Pandora Papers”, anunció la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien agregó que los delitos investigados son los de “cohecho, soborno y tributarios”.
De igual forma, varios congresistas de Chile anunciaron esta semana que abrirían una investigación contra el presidente por su presunta participación en este escándalo. “Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó a diferentes medios de comunicación en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista.
En caso de prosperar, Piñera podría ser destituido por el Congreso, a unas semanas de la primera vuelta presidencial, aunque también significaría una inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro. Para esto es necesaria la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Además, el negocio incluía una polémica cláusula que determinaba “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, algo que dependía del presidente.
Pasos para entender el escándalo
Un nuevo escándalo relacionado con evasión de impuestos sorprendió el pasado fin de semana al mundo, con el destape de los llamados Pandora Papers (Papeles de Pandora), una filtración de casi 12 millones de documentos en los que se revelan datos que salpican nombres que están detrás de grandes fortunas.
La investigación lleva unos dos años y fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revisó 6,4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.
Presidentes, líderes mundiales y multimillonarios están envueltos en el escándalo, pues -en la mayoría de los casos-, se trata de propiedades alrededor de las cuales, hay cierto halo de secreto, es decir, son participaciones en riquezas ocultas que no pagan impuestos.
Claro está, no siempre se trata de evasión de impuestos. Por esa razón, aquí les presentamos una guía de lo que es y lo que no es legal en la tenencia de empresas en el exterior, lejos del lugar en el que está establecido el propietario.
Offshore
Este término, que se utiliza para señalar que se trata de una ubicación fuera de límite nacional, sale a relucir porque, según la investigación Pandora Papers, hay alrededor de 330 políticos de 90 países que utilizan empresas offshore, a través de las cuales buscan ocultar su riqueza. En otras palabras, crean la sociedad bien lejos de donde está ubicada su residencia fiscal.
Un esquema offshore se caracteriza porque facilita el proceso de creación de empresas, lo que le conviene a los inversores.
En general, el modelo ofrece una normatividad que mantiene el anonimato, es decir, no es fácil identificar a los propietarios de las empresas.
¿Cuándo es legal o es ilegal?
En general, el argumento de los que buscan poner su plata en jurisdicciones con secreto financiero exponen razones de seguridad, teniendo en cuenta que son blanco de secuestro, precisamente, por tener recursos.
También se amparan en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica que los proteja de gobiernos inestables (caso de inversores en Venezuela, por ejemplo).
En consecuencia, en teoría, tener recursos invertidos en el extranjero o en lugares donde se paga bajo impuesto, no es ilegal, lo ilegal es no declararlos en el lugar de residencia fiscal, o utilizar la figura para armar redes de empresas que mueven dinero con fines criminales, como el lavado de activo para financiar la delincuencia.
Es decir, el secreto es lo grave, por lo cual, el destape de nombres de políticos y líderes, que son precisamente los que deben controlar la situación y procurar acabarla, causa desesperanza, pues si son los que pueden poner fin al fenómeno, pero siguen siendo los protagonistas, no hay luz al final del túnel.