La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador denunció este miércoles (22 de junio) que sus instalaciones en Quito han sido atacadas por los manifestantes en el marco de las protestas que se están desencadenando por el aumento del costo de la vida en el país.

“La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que, nuevamente, en el marco de las manifestaciones, el edificio de planta central de la Institución se encuentra bajo ataque, pese a que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han intentado evitar que ocurran nuevos hechos”, expresó el organismo judicial en un comunicado.

Asimismo, detalló que a lo largo de la jornada del martes se habrían registrado incidentes como el impacto de objetos contundentes hacia ventanales y principales ingresos de la Institución que, a pesar de haber sido bloqueados, no habrían contenido “la violenta irrupción de varias personas, que ingresaron a unidades fiscales de Tránsito”.

La Fiscalía ecuatoriana, además, ha condenado los actos de algunos manifestantes que habrían sustraído documentación del edificio para luego incinerarla en la vía pública.

El “ataque” habría sido “neutralizado” por las fuerzas de seguridad del país sin que se hayan registrado pérdidas humanas, tal y como ha detallado el organismo.

“La Fiscalía General del Estado reconoce el derecho de la ciudadanía a protestar, pero rechaza todo acto vandálico, más si pone en riesgo la integridad de las personas y los bienes del Estado”, ha agregado la Fiscalía en el escrito.

Asimismo, aseguró que el acceso a la justicia “está garantizado” a través de distintos canales, como las ventanillas virtuales, el servicio en línea, además de en las comisarías.

Presidente Lasso aviva protesta indígena en Ecuador

Este miércoles el Gobierno de Ecuador rechazó el pedido indígena de derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias y en la capital ecuatoriana.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta volvió a la carga para exigir una reducción de los precios de los combustibles, entre otras acciones que amortigüen el costo de la canasta básica.

Llegados de varios puntos, cerca de 10.000 indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos de árboles. Alambres de púas, vallas y militares protegen la sede presidencial.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las “manos manchadas de sangre”, lanzó el indígena Leonidas Iza, líder de la movilización, frente a la represión que denuncian los manifestantes.

Entre lunes y martes han muerto dos personas en medio de las protestas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. De acuerdo con la Policía, hay 101 efectivos y soldados heridos.

No obstante, Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), dijo que está dispuesto al “diálogo” sin intermediarios y bajo “veeduría” que garantice “resultados”.

“Vivimos en crisis”

Como punto de partida, la Conaie quiere que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.

Pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue rotundo: “No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista con el canal Teleamazonas.

Con los acercamientos en puntos muertos, las protestas avanzan en el resto del país. El martes, un ataque a instalaciones policiales en la localidad amazónica de Puyo dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves, según el Ministerio del Interior.

En total 18 policías están “desaparecidos” y tres más fueron “retenidos” por indígenas, añadió el jefe de la cartera, Patricio Carrillo, en rueda de prensa este miércoles.

Estamos “demasiado enojados con el Gobierno”, dijo a la AFP Olmedo Ayala, un indígena de 42 años que llegó a Quito desde la provincia de Cotopaxi.

“Vivimos en crisis económicamente en el campo, ahí no hay desarrollo, no tenemos fuentes de trabajo, solo somos agricultores y nuestras mujeres (viven) de sacar la leche”, pero cada vez reciben menos dinero por ello, contó.

El diésel subió un 90 % y la gasolina corriente un 46 % en casi un año, lo que aumentó el costo de los fletes. Los indígenas aseguran que están cosechando a pérdida. Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social.

Al cabo de días de protestas, con corte de vías y movilizaciones, comienza a haber desabastecimiento, mientras en las calles retumba el grito de guerra de los indígenas: “¡fuera Lasso, fuera!”.

*Con información de Europa Press y la AFP.