El pasado 27 de marzo se registró un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que se saldó con la muerte de 40 personas. Más tarde, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los propios internos de originar el fuego al prender un colchón en señal de protesta.
Los videos estremecieron a la opinión pública en los que se veía a los migrantes tratando de salir del recinto mientras los guardas de seguridad no les permitían la salida oportuna pese a la emergencia. Las imágenes muestran a los internos protestando en el interior de las celdas mientras las llamas se expanden, todo ello presenciado por dos empleados, que no dudan en salir del centro sin auxiliar a los migrantes.
3 días después, La Fiscalía de México detuvo a cinco de los presuntos involucrados en el incendio, además de ordenar el arresto de un sexto presunto implicado.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ha informado de que a los detenidos se les imputan los delitos de homicidio doloso y lesiones, según ha recogido el periódico mexicano ‘Milenio’. En total se emitieron seis órdenes de detención contra tres agentes del Instituto Nacional de Migración, dos dirigidas a agentes de seguridad privada y una al migrante que inició el fuego.
“La investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República, y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad”, dijo la funcionaria.
Por su parte, el presidente de México ha admitido que el reciente incendio en el centro del Instituto Nacional de Migraciones de Ciudad Juárez es el segundo suceso que más le ha afectado.
“Lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente, lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado”, ha señalado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa matutina, donde ha reconocido que este suceso le ha “partido el alma”, según recoge el diario local ‘El Universal’.
Estas palabras del mandatario, sumadas a una grabación en la que se observa cómo empleados del INM abandonan a los migrantes encerrados en celdas mientras el fuego avanzaba, han provocado las críticas de organismos internacionales, que denuncian el trato recibido por los migrantes en el país norteamericano.
En ese contexto, la Fiscalía General de México acusó penalmente a directivos del Instituto Nacional de Migraciones (INM) por la muerte de las 40 personas durante el incendio que se presentó a finales de marzo.
El Ministerio Público mexicano ha señalado directamente al director de la institución, Francisco Garduño, por el presunto delito de homicidio de 40 personas, así como por lesiones a otros 25 migrantes que resultaron heridos. Junto a Garduño, la Fiscalía ha acusado a otro directivo del que no ha trascendido su identidad.
Ambos directivos habrían incurrido en presuntas conductas delictivas al incumplir sus obligaciones de vigilar, proteger y garantizar la seguridad de los migrantes internos en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez, relata ‘El Universal’.
Asimismo, la Fiscalía también ha procedido penalmente contra otros cuatro empleados presentes en el centro de migrantes el día de los hechos por conductas que produjeron los homicidios y las lesiones de los internos.
Naciones Unidas había pedido una rápida investigación de la tragedia, en la que la mayoría de víctimas son de nacionalidad guatemalteca, a la par que garantiza su compromiso para seguir trabajando en el establecimiento de “vías de migración más seguras, reguladas y organizadas”.
Tras los lamentables hechos, la Subsecretaría mexicana para América Latina y el Caribe ha convocado a embajadores y cónsules de los países de origen de las víctimas (Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador) para informar los esfuerzos que realiza el Gobierno federal y coordinar las gestiones internacionales para la atención de lesionados, repatriación de las víctimas y definir los pasos a seguir para esclarecer los hechos.
Como señal de protesta, el Gobierno de El Salvador exigió la renuncia de las autoridades migratorias de México tras la muerte de 40 personas en el incendio, “Estamos exigiendo la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria en México”, ha explicado la viceministra de Diáspora y Movilidad Urbana del Ministerio de Exteriores, Cindy Portal.
El gobierno de Nayib Bukele ha insistido en que las autoridades salvadoreñas han pedido a la Fiscalía que haga una investigación exhaustiva y ha solicitado que los supervivientes con nacionalidad de El Salvador “formen parte de la carpeta técnica” de la pesquisa.
Con información de Europa Press*