El fiscal Jorge García, miembro del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de Perú, manifestó este lunes 10 de octubre que la primera dama peruana Lilia Paredes de ese país podría recibir entre ocho y diez años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de organización criminal.
El representante del Ministerio Público peruano ha sustentado el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Paredes Navarro y ha argumentado que, pese a que la acusada había asistido a todas las citaciones, ello podría cambiar ante una posible pena, lo que podría verse reflejado en la evasión a la justicia, según le ha detallado a Diario Correo.
Además, ha afirmado que Paredes no cuenta con un trabajo, pues su rol como primera dama es honorario y no tiene “funciones específicas”.
“En el caso de la investigada Lilia Paredes Navarro corresponde aplicarse el primer tercio de la pena, por ser reo primario, esto es, entre 8 años y 10 años de cárcel, por lo que incluso en la pena mínima hace que esto sea un elemento a considerar por parte de su despacho”, afirmó el fiscal el pasado viernes, según la emisora RPP.
El fiscal alegó que la medida que impediría la salida de Paredes de territorio peruano durante un periodo de tres años es necesaria y justificada. Asimismo, requirió que se le impongan ciertas reglas de conducta.
Frente a ello, el abogado Benji Espinoza señaló que su defendida ya ha salido del país en medio de las investigaciones y que aun así ha regresado a Perú, razón por lo que no existiría ningún peligro de fuga.
La Fiscalía de Perú acusa a Paredes de controlar el ingreso al Palacio de Gobierno de los empresarios cuyas compañías recibían millonarios contratos con el Estado tras sus reuniones clandestinas con el presidente Castillo. Los cargos específicos que enfrenta la primera dama son los de conformación de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
Lilia Paredes había conservado un bajo perfil lleno de discreción y sencillez durante toda la campaña presidencial y luego, durante el mandato de su esposo. Posteriormente, la opinión pública conoció que tenía una gran influencia en los nombramientos de funcionarios y colaboradores de la administración, como secretarios y asesores.
Ahora está en el ojo del huracán como cómplice y mano derecha de un entramado de corrupción diseñado por el Gobierno para enriquecer al presidente y a empresarios amigos.
Cuñada de Pedro Castillo se enfermó en la cárcel y pidió aplazamiento de audiencia
En medio de la polémica que se ha suscitado desde hace meses en torno a la familia del presidente peruano, Pedro Castillo Terrones, y por la detención de su cuñada, Yenifer Paredes, en los últimos días se dieron a conocer, por parte de las autoridades judiciales, los más recientes avances del proceso que se libra en su contra.
La mujer es señalada de delitos relacionados con un caso de corrupción y de pertenecer a una organización delictiva liderada por el mismo mandatario inca, quien habría incurrido en situaciones indebidas relacionadas con tráfico de influencias y otorgamiento de contratos sin el cumplimiento de los debidos requisitos.
En días pasados se realizó una audiencia, por parte de la sala de apelaciones, pero los encargados advirtieron que esta debía ser aplazada a solicitud de la misma Paredes, quien señaló que no se encontraba en condiciones para atenderla. Según dijo, ella se encontraba sufriendo importantes quebrantos de salud desde el pasado domingo 2 de octubre y advirtió que incluso se encontraba ‘canalizada’ al interior de la cárcel donde actualmente permanece recluida.
En virtud de lo anterior, el magistrado encargado de la audiencia anunció que esta debía reprogramarse para este martes 11 de octubre.
La audiencia reprogramada es clave en el trámite del proceso que cursa en contra de Paredes, hermana de la primera dama; en ella se determinará si se atiende o no una solicitud de la procesada, quien pidió que se reevaluara una medida de prisión preventiva que establece que deberá permanecer en prisión por el término de 30 meses, mientras avanzan las investigaciones.
La medida había sido impuesta por los jueces del caso como garantía durante el proceso de investigación que se desarrolla por parte de la Fiscalía, en torno al presunto delito de tráfico de influencias, además del de lavado de activos, y que busca garantizar que la señalada no escape del país o interfiera con el avance de las indagaciones.
Con información de Europa Press