La organización no gubernamental, Human Rights Watch, denunció el pasado mes de abril que las fuerzas oficiales en Perú pudieron haber ejecutado a decenas de manifestantes durante la pasada represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″, dijo la entidad.
Tras las investigaciones, la fiscalía peruana ha llamado a declarar a la presidenta en el marco de una investigación preliminar por el presunto delito de genocidio por las muertes de civiles durante las protestas en contra de su gobierno.
El Ministerio Público citó a la mandataria para el próximo miércoles, 31 de mayo, a fin de que responda por los cerca de 60 muertos que se registraron durante las protestas, originadas tras su ascensión a la Presidencia a comienzos del mes de diciembre.
Las protestas estallaron tras la destitución de Pedro Castillo, tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas que exigían su renuncia y elecciones anticipadas.
Apoyado en las cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW señaló que durante las movilizaciones hubo 49 muertes, 39 de las cuales corresponden a víctimas “por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos”.
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, sostiene César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de HRW, en el informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.
La ONG planteó que una “comisión independiente de expertos internacionales” acompañe las “investigaciones penales” que realiza la fiscalía peruana. “Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”, añadió la organización.
En el marco de las protestas también murieron seis soldados ahogados cuando huían de manifestantes y un policía. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía.
La fiscalía investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, ella tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
La desaprobación a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, alcanzó su nivel más alto desde que llegó al poder hace cuatro meses, con un 77 % de rechazo a su gestión, según un sondeo de la firma Ipsos difundido en el mes de abril.
Un 77 % de peruanos desaprueba a Boluarte, la primera mujer en gobernar Perú y quien sustituyó en el poder al izquierdista Pedro Castillo, en medio de una crisis política que acarreó protestas con más de 50 muertos en choques con la fuerza pública.
Boluarte, de 60 años, empezó su mandato con una desaprobación de 68 %, a raíz de la represión de las manifestaciones que reclamaban elecciones inmediatas y el cierre del Congreso. En abril su aprobación fue del 15%, dos puntos menos que en marzo y el nivel más bajo en su gestión. El 8 % restante de los encuestados no precisó su respuesta, según Ipsos.
Debido a las protestas, la fiscalía investiga a la presidenta por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, tiene inmunidad hasta que finalice su mandato en julio de 2026.
El Congreso también está de capa caída: 84 % lo desaprueba, dos puntos más que en marzo, y 10 % lo aprueba. Ipsos consultó a 1.207 peruanos en las principales ciudades del país. El margen de error del sondeo es 2,8 %.
Con información de AFP*