La grave situación de violencia que se vive en Centroamérica dio un nuevo coletazo esta semana en Honduras, donde los médicos forenses afirman que tienen problemas para identificar 20 cuerpos de las 46 mujeres que murieron el martes en un choque entre pandillas dentro de una cárcel, informó este jueves el Ministerio Público (MP).
“Equipos médicos forenses ya realizaron las 46 autopsias medicolegales de las personas que fallecieron en esta cárcel de mujeres”, pero “por entregar faltan 20 cuerpos” ante las “dificultades para identificarlos”, dijo a la AFP la portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado.
De acuerdo con reportes de las autoridades, un grupo de reclusas pertenecientes a la pandilla Barrio 18 salieron de su edificio de la cárcel, situada a 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital, e irrumpieron en otro módulo donde estaban las rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y las atacaron a tiros y prendieron fuego al centro, lo que desató un fatal caos.
Un total de 46 reclusas murieron, mientras que siete heridas fueron trasladadas al capitalino Hospital Escuela, donde se recuperan, dijeron las autoridades.
De las fallecidas, “26 fueron plenamente identificadas” por las huellas digitales que se comparan con las del Registro Nacional de las Personas o por “pruebas odontológicas”, explicó la portavoz del instituto forense.
“Cuando un cuerpo no puede ser identificado” por huellas o dentadura, por el alto grado de incineración, se continúa el trabajo con ADN”, añadió.
Parientes de las fallecidas permanecían en tiendas de campaña instaladas por la Cruz Roja e instituciones del Gobierno frente a la Dirección de Medicina Forense, este de Tegucigalpa.
La presidenta Xiomara Castro se declaró “conmocionada” por el “monstruoso asesinato de mujeres (...) planificado por maras” y anunció medidas “drásticas”.
Así destituyó al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a una junta interventora encabezada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
Sabillón, que fue enviado a un cargo diplomático, fue reemplazado por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Desde abril, Castro había nombrado a Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.
En diciembre pasado, Castro declaró un “estado de excepción” para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.
El Gobierno decidió el miércoles que la “Policía Militar de Orden Público asume a partir del 1.° de julio” el “control de los 21 centros penales del país por un período de un año”, mientras capacita 2.000 nuevos custodios de las prisiones.
Asimismo, ordenó a las Fuerzas Armadas habilitar una instalación que tienen en las caribeñas Islas del Cisne “como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad”.
*Con información de la AFP.