En la última parte de la novela Tríptico de la infamia, del escritor colombiano Pablo Montoya, el narrador analiza cómo las fosas comunes han estado presentes en la historia de América Latina desde los tiempos de la conquista. Así como los españoles acumulaban en pilas los cuerpos de los indígenas muertos por cansancio o torturas, también así las dictaduras o los actores armados han llenado de cuerpos las fosas comunes de muchos países de este lado del continente. Hoy en día, México vive esta situación con particular dramatismo debido a dos responsables históricos: los sangrientos carteles mexicanos y la desorganización e indiferencia de los pasados gobiernos nacionales. Le puede interesar: El caso del universitario asesinado que conmociona a México Precisamente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a solucionar esta dolorosa situación que ha dejado 40.000 personas desaparecidas entre los años 2006 y 2018. Aseguró que será una de las prioridades de su sexenio, el primer Gobierno de izquierda en la historia democrática del país. Sin embargo, la tarea no parece fácil.
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ha defendido la labor de la Comisión Nacional de Búsqueda. El pasado lunes AMLO citó en el salón Tesorería de Palacio Nacional a los representantes y familiares de los desaparecidos. Muchos de ellos llegaron con las pancartas que han llevado a manifestaciones y protestas en decenas de plazas en todo México. Aunque el acto pretendía brindar los avances, resultados y compromisos del Sistema Nacional de Búsqueda, gran parte de los asistentes tomaron la palabra a grito herido. Al presidente y a su secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, les exigieron con cánticos y proclamas que ya era hora de saber dónde estaban sus seres queridos: la espera se ha prolongado por mucho tiempo. 40.000 personas han desaparecido en México entre los años 2006 y 2018. En el momento más emotivo del acto, una madre se subió al escenario y se le arrodilló al presidente para pedirle entre lágrimas que le devolviera a su hijo. Él solo pudo escucharla y prometerle, después de unos minutos, que haría todo lo posible. “No importa que griten, tienen todo el derecho”, afirmó el mandatario, para luego añadir que el tema de los desaparecidos y las fosas comunes era “la peor herencia que nos dejaron los Gobiernos anteriores”. Le sugerimos: México y la izquierda: la transformación radical del Fondo de Cultura Económica Pero, ¿los desaparecidos por la violencia y enterrados clandestinamente son responsabilidad de un Gobierno u otro? Más que culpar a un Gobierno en concreto, esta macabra práctica responde a dinámicas y contextos criminales de vieja data. Camilo Vicente Ovalle, historiador mexicano que ha investigado a fondo este tema, afirma que las desapariciones sistemáticas en su país vienen de tiempo atrás. Tal como le dijo a SEMANA, “casos de desaparición forzada, cometidos por el Ejército y las policías, podemos encontrar desde la década de 1940, y de manera sistemática en una lógica contrainsurgente, desde mediados de la década de 1960”. Entonces, si el problema se remonta a la primera mitad del siglo XX, ¿a qué “herencia” se refería AMLO? Si bien hoy en día los asesinatos de personas y la desaparición de sus restos responden a las lógicas sangrientas de narcotraficantes y criminales, los pasados Gobiernos mexicanos sí han tenido dos grandes fallas: por un lado, desorganización y falta de rigor en la búsqueda de personas desaparecidas y, por el otro, indiferencia o complicidad con las acciones de los violentos.
Las fosas comunes han aparecido en todos los estados del país. Los grupos armados suelen incinerar o desintegrar los cuerpos. El caso más emblemático del sexenio de Enrique Peña Nieto fue la indignante desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Desde el comienzo, se evidenció que instituciones como la Fiscalía y la Policía no actuaron a tiempo para encontrar a los estudiantes o, incluso, promovieron que el caso lo cubriera un manto de impunidad. Además, puso bajo el reflector público fallas sistemáticas de la justicia y el sistema forense del país. Como dice Ovalle, hay dos grandes asuntos por mejorar. “En primer lugar, hay problemas de subregistro de la violencia: no se cuenta con datos y registros precisos que integren la información de todo el país. En segundo lugar, una parte importante de los problemas con el registro de la violencia (desapariciones, homicidios, secuestros, fosas...) se debe a la falta de rigor y capacidades institucionales que se han visto desbordadas por el nivel masivo de la violencia”. Le puede interesar: Los 5 productos más afectados por los aranceles de Trump a México En ese orden de ideas, si AMLO quiere mejorar los resultados de la búsqueda de desaparecidos, tiene que fortalecer las instituciones del país involucradas en dicho trabajo. Un paso favorable de sus primeros seis meses de gobierno consistió en la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda. Las dos han tenido avances considerables, como la creación de registros genéticos (para identificar más rápidamente los restos encontrados) o los institutos regionales para la atención e identificación (con lo que se mejora la presencia del Estado en muchas regiones del país), entre otras iniciativas. ¿Los desaparecidos por la violencia y enterrados clandestinamente son responsabilidad de un Gobierno u otro? Más que culpar a un Gobierno en concreto, esta macabra práctica responde a dinámicas y contextos criminales de vieja data. Para seguir en ese camino AMLO confirmó que invertirá cerca de 20 millones de dólares. Parte de ese dinero servirá para la construcción de 15 cementerios forenses en distintos puntos del país que reunirán y catalogarán de una manera más ordenada y rigurosa los restos humanos encontrados. A pesar de la buena voluntad presidencial, algunas propuestas pueden resultar contraproducentes. El doctor Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Unam, le dijo a SEMANA que “la creación de cementerios forenses es una ocurrencia macabra que indica que no bastan los servicios médicos forenses sino que a los asesinados hay que crearles panteones porque son y seguirán siendo muchísimos”.
Barreda apunta a una crítica generalizada en México: no solo basta con buscar a los desaparecidos sino que hay que atacar la raíz del problema, que no es otra que la violencia sistemática del narco y las bandas criminales que pululan en gran parte del territorio nacional. Si eso no se soluciona, habrá cada vez más desaparecidos y más familias deshechas por la violencia. Sin embargo, los planes de AMLO para resolver la inseguridad nacional tampoco están exentos de críticas. Tal como lo señala Barreda, “el Gobierno de López Obrador no ha dicho una palabra sobre la urgencia de fortalecer a las policías y a los misterios públicos de las entidades federativas. Incluso la Guardia Nacional se está integrando sin una previa profesionalización de sus integrantes”. En contexto: Aideé Mendoza, la estudiante de 18 años que murió de un balazo en mitad de clase Sin duda, AMLO sí ha cambiado el discurso estatal en torno a los desaparecidos. A diferencia de sus antecesores, le ha hablado de frente a las víctimas y ante sus proclamas se ha mostrado dispuesto a encontrar a sus familiares y a hacer una búsqueda que respete la dignidad de los que ya no están. Pero sus críticos también tienen razón: su sexenio debe priorizar que se detenga el derramamiento de sangre para que los mexicanos dejen de buscar los huesos de sus muertos en las fosas comunes que cavan los violentos.