Las calles de Lima amanecieron semivacías este martes 5 de abril, con los comercios cerrados, casi sin transporte público y las clases suspendidas, por un toque de queda diurno impuesto por el gobierno peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo para contener protestas.
Patrullas militares custodiaban avenidas y puntos estratégicos de la capital peruana y del vecino puerto del Callao, donde viven diez millones de personas, buena parte de las cuales se ganan la vida de manera informal, por lo que el toque los deja sin ingresos.
Los habitantes de la capital peruana fueron sorprendidos por la medida, anunciada minutos antes de la medianoche del lunes 4 de abril por Castillo por televisión, pues los disturbios del lunes habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear [...] y en aras de restablecer la paz y el orden interno [...], el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo Castillo.
La medida, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, no era respetada por la mañana por muchos limeños que debían ir a sus sitios de trabajo, en hospitales u hoteles, pero los infractores no eran molestados por los militares ni policías. El mayor problema era la carencia de autobuses públicos.
“Fue una medida muy tarde e improvisada”, se quejó Cinthya Rojas, una nutricionista de un hospital que esperaba pacientemente en una parada de buses en el municipio del Agustino, al este de Lima.
En el distrito turístico de Miraflores muchos empleados llegaron por diversos medios a los hoteles donde trabajan, pagando taxi o caminando. Otros pudieron usar el tren elevado urbano, que atraviesa Lima de norte a sur pero lejos de la costa, y que seguía operando. Una empleada del Hotel Selina de Miraflores contó que había pagado 30 soles (ocho dólares) para llegar a trabajar desde su hogar en la Villa El Salvador, en el extremo sur de la ciudad.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo, en el poder desde hace ocho meses.
Las protestas fueron gatilladas por las alzas de los precios de los combustibles y alimentos. “Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”, indicó Castillo en su mensaje al país.
El toque de queda rige mientras la economía peruana busca dejar atrás los perjuicios causados por la pandemia de la covid-19 y en coincidencia con el 30 aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.
*Con información de AFP.