El pasado 7 de marzo, la Unión Europea hizo eco de un nuevo paquete de sanciones contra militares rusos que no sólo incluían castigos por la invasión a Ucrania y las muertes de soldados enemigos en territorio ucraniano si no que también se trató de las duras denuncias contra 27 soldados por violación de Derechos Humanos en casos de violencia sexual contra mujeres.
El texto de las sanciones, señaló al comandante de división Nikolai Kuznetsov y al coronel Ramil Ibatullin ambos responsables militares rusos en la ofensiva contra Ucrania, cuyas unidades realizaron sistemáticamente actos de violencia sexual contra mujeres entre marzo y abril de 2022, en los primeros compases de la invasión.
Las sanciones incluyen también al coronel Alexander Fedorinov y al agente de policía Ivan Ryabov, ambos de la Comisaría de Moscú, por la detención arbitraria de manifestantes pacíficas contra la guerra lanzada por Vladimir Putin y por casos de tortura documentados.
Aparte de la guerra de Ucrania, la UE toma medidas contra el ministro afgano Mohamed Jalid Hanafi por la restricción a la libertad de las mujeres y niñas, limitando su libertad de expresión y emitiendo castigos contra aquellas que no respeten los edictos del régimen talibán.
Esta no es la única situación que se ha presentado con estos casos en territorio Ucraniano, la agencia de noticias Reuters ha realizado una amplia investigación en las que aseguran que francotiradores rusos abusaron de una menor de edad y violaron en grupo a su madre.
Los relatos son escalofriantes. Según los archivos a los que tuvo acceso Reuters, se puede detallar una ola de delitos sexuales que soldados de la Brigada Separada de Fusileros Motorizados habrían cometido en cuatro casas del distrito de Brovary, muy cerca de Kiev.
Los hechos habrían tenido lugar este mismo mes de marzo, sin que hasta el momento el Ministerio de Defensa de Rusia haya respondido a la solicitud de comentarios por parte del medio.
Según Reuters, las violaciones habrían tenido lugar luego del intento fallido de soldados rusos de ingresar a Kiev, los miembros del ejército habrían saqueado y usado la violencia sexual para aterrorizar a la población, “Señalaron a las mujeres de antemano, coordinaron sus acciones y sus roles”, dijeron los fiscales a Reuters.
Un grupo de soldados, en estados de embriaguez, irrumpieron en el patio donde vivía una joven, el padre fue golpeado y obligado a presenciar la violación en grupo y no siendo poco, violaron a la menor de 4 años mientras uno de los soldados le dijo que de esa forma “la haría mujer”, según los documentos que recoge el medio.
La oficina del Fiscal General de Ucrania dijo al medio que está investigando más de 71,000 informes de crímenes de guerra recibidos desde que Rusia envió decenas de miles de tropas al otro lado de la frontera, aunque Si bien es poco probable que Moscú entregue a los sospechosos, cualquier persona condenada en ausencia puede ser incluida en listas de vigilancia internacionales, dice el medio.
Por su parte la ONG Amnistía Internacional (AI) denunció precisamente el pasado 8 de marzo, día de la mujer, los “graves riesgos” a los que se enfrentan las mujeres en Ucrania tras un año de invasión por parte de Rusia señalando que son ellas quienes “sufren las peores consecuencias de la brutalidad de la guerra”.
La organización ha alertado de los “efectos perjudiciales en la salud mental, física, sexual y reproductiva de las mujeres” y ha expresado así su “preocupación” por el nivel de violencia sexual y de género que se ejerce contra ellas en el marco del conflicto.
La ONG ha instado a la comunidad internacional a apoyar y mostrar solidaridad con las mujeres que están sufriendo violaciones de Derechos Humanos en plena guerra. “Los perpetradores de violaciones del Derecho Internacional deben ser obligados a rendir cuentas”, indica el documento, que denuncia la comisión de crímenes de guerra sobre el terreno.
La violencia de género se ha incrementado y agravado para quienes viven en las zonas más afectadas por los ataques, donde “predomina una falta de seguridad, la ausencia o merma del Estado de Derecho, el carácter generalizado de la impunidad para los perpetradores y la falta de confianza en las autoridades de ocupación, así como el estigma que conlleva revelar experiencias de violencia sexual y de género”.
Con información de Reuters y Europa Press*