En el marco del creciente reto asumido por el Estado colombiano a propósito de la diáspora migrante que se ha desprendido por cuenta de la situación de crisis socioeconómica de Venezuela, lo que ha sugerido que el país reciba millones de migrantes, expertos desde la academia y las ONG advierten la necesidad de que el país siga trabajando en el fortalecimiento del andamiaje institucional creado para tal fin, destacando el rol que este juega frente a tareas como la regularización de los inmigrantes a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
En ese sentido, un reciente reporte emitido por analistas del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad del Rosario, en asocio con la Fundación Konrad Adenauer, ha señalado el papel fundamental que en el proceso juega la llamada Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, antes conocida como ‘Gerencia de fronteras’, advirtiendo la responsabilidad que ha recaído en el actual proceso sobre ella, refiriéndola como puente entre la institucionalidad, la población migrante, y los sectores privados.
En ese marco, los expertos han enunciado el papel vital que ese órgano refiere para la inclusión de la población inmigrante, siendo a la vez la encargada de coordinar y construir la confianza para la captación de ayudas internacionales y donaciones para financiar dichos proyectos requeridos en pro del bienestar de la población acogida.
Frente al particular, y la necesidad de fortalecer dicho órgano, desde la academia se han emitido advertencias que señalan que, para fortalecer el órgano, se requiere personal experimentado, así como un robustecimiento de los recursos que, desde el Estado se destinan a su funcionamiento.
Pese a que una de las estrategias del gobierno de Gustavo Petro ha sido el de la reducción burocrática, encontrando en suprimir algunas de las ‘Altas consejerías’ una de sus estrategias, la recomendación de los analistas ha sugerido incluso que se pueda considerar también elevar el nivel institucional de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante al de una Alta Consejería articulada por la Secretaría General de Presidencia”.
Sobre esta entidad, el reporte que se hace desde la academia también ha sugerido que se ve con preocupación que, tras el fin del anterior mandato, donde el funcionario a cargo de la entidad era Lucas Gómez, con la llegada del nuevo gobierno aún no se designa a su nueva cabeza.
Haciendo un ejercicio de semáforo, desde el Observatorio de Venezuela de la referida universidad se ha anotado que se ve con preocupación que, pese a que el gobierno de Gustavo Petro ha comenzado a poner en marcha todos los esfuerzos para la reactivación de las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, el tema de las migraciones se ha mantenido al margen de la agenda bilateral, advirtiendo que este es un tema que debe abordarse con urgencia.
En ese sentido, durante el nuevo Gobierno también se han denunciado demoras en el proceso de respuestas al Permiso de Protección Temporal, advirtiendo que, incluso, desde el anterior mandato, existían problemas en el cabal funcionamiento de la estrategia donde, pese a que la respuesta a los solicitantes debe darse en un tiempo de 20 días, hay aún personas que están próximas a cumplir un año sin conocer la contestación.
En ese mismo sentido, los académicos también han notado un déficit en el tratamiento que desde el Poder Legislativo se debe dar al tema migratorio, advirtiendo que el proceso en la Comisión Segunda del Senado va a media marcha, una situación similar al proceso de reactivación de los servicios consulares.
También hay aciertos
De acuerdo con las observaciones de los expertos, si bien hay algún unos temas en rojo y amarillo, a los que llama al Gobierno a poner la lupa, los académicos también aplauden algunos de los aciertos del actual Gobierno frente al tratamiento del tema migrante, destacando entre otros que el presidente Gustavo Petro afirmara que ratificará el derecho al asilo, presentando una posición clara a una reciente solicitud hecha desde Venezuela por Diosdado Cabello para extraditar a los opositores del régimen Maduro que actualmente están en Colombia, pedido al que el mandatario colombiano respondió vehementemente, negándose y aclarando que respeta tal derecho de asilo y refugio.
En ese mismo sentido, la académica también aplaude el camino emprendido para el restablecimiento de las relaciones bilaterales, paso que se dio con el nombramiento y aceptación mutua de las credenciales diplomáticas de Armando Benedetti y Félix Plasencia, respectivamente.
De igual modo, la academia ha visto con buenos ojos la posición regional que se ha tomado frente al tema migratorio, recordando que en el primer encuentro sostenido entre Gustavo Petro y Gabriel Boric, presidentes de Colombia y Chile, se versó sobre el tema, acusando la necesidad de abordar la problemática como región, y no con acciones individuales de cada uno de los estados.
Se estima, según el referido grupo de investigación académica, que –a la fecha– han salido de Venezuela cerca de 7 millones de ciudadanos, de los cuales, en Colombia, poco más de 1,3 millones ya cuentan con el Permiso de Protección Temporal, advirtiendo que aún existe un grueso por ser concedido.