El Gobierno de Argentina pidió a Qatar la captura del vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai, sobre quien la justicia de ese país solicitó esta medida de carácter internacional a través de la Interpol por su presunta responsabilidad en el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA y mató a 85 personas en 1994 en Buenos Aires.
La solicitud fue elevada por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) y la Cancillería argentina le dio curso por vía diplomática, según fuentes del Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La petición solicitó que “se activen los mecanismos diplomáticos y de política exterior que estimen corresponda para dar cumplimiento con la orden judicial de captura de Mohsen Rezai, (dispuesta por el entonces juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral el 9 de noviembre de 2006) sobre quien pesa alerta roja emitida por Interpol”
En el documento se recordó que el alto funcionario iraní está solicitado como presunto autor intelectual del atentado contra la AMIA y quien, según información encontrada en distintas páginas en Internet, viajó al Estado de Qatar.
El fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, adjuntó en su escrito dos links de medios locales que informaron que Rezai llegó a Doha el pasado domingo y que fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Qatar y el embajador de Irán en ese país.
“El presente requerimiento se formula en el marco de la coordinación que el Ministerio Público debe tener con las demás autoridades de la República (art. 120 de la Constitución Nacional), y en el contexto de que la medida a desarrollarse comprende actividades vinculadas a las relaciones internacionales de nuestro país, de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de la Nación (arts. 27; 31; 75 inc. 13, 15, 22 y 24; 99 inc. 7 y 11; 116, 124 y 126 de la Constitución Nacional)”, indicó en su solicitud.
Circular roja de la Interpol
Al atender el requerimiento, el canciller Santiago Cafiero instruyó al embajador en Doha, Guillermo Nicolás, a que reclame ante el Gobierno qatarí que “se dé cumplimiento a las circulares rojas vigentes y se detenga” al vicepresidente iraní.
Incluso el hijo de Mohsen Rezai, Ahmad Rezai, lo culpó del ataque en 1998 tras pedir asilo en la embajada de Estados Unidos en Viena (Austria) y acusó al entonces presidente, Akbar Rafsanjani, de ordenar el atentado.
Según dijo en su momento, los encargados de llevarlo a cabo fueron entrenados en Líbano por la Guardia que dirigía su padre. Apareció muerto en un hotel de Dubai en 2011.
El Gobierno iraní, que no lo detuvo en 2005 cuando volvió al país y se declaró arrepentido, culpó al Mosad del asesinato.
En el documento de acusación por ese caso, aparecen al menos 10 funcionarios de Irán, implicados con el atentado a la AMIA. Seis de ellos han ejercido algún alto cargo en el Gobierno iraní, incluido su actual ministro de Interior.
En el expediente también aparecen con solicitud internacional de captura, además de Rezai (excomandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), Ahmad Vahidi (ministro del Interior de Irán), Alí Fallahijan (exministro de Inteligencia), Ahmad Reza Asghari (exsecretario de la embajada iraní en Buenos Aires) y Moshen Rabbani (exagregado cultural de ese país en la Argentina).
En 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires había sido blanco de otro atentado, con saldo de 29 muertos y 200 heridos, también impune.
Argentina tiene la mayor comunidad judía de América Latina, con unos 300.000 miembros. Los dos países mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios.
El atentado
El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) derrumbó completamente el edificio de ocho pisos en el barrio Once, tradicional entre la comunidad judía.
La justicia argentina determinó que los principales sospechosos del ataque fueron los gobernantes iraníes de la época, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.
Sin embargo, luego de 29 años de investigaciones, no hay detenidos ni se han logrado esclarecer aún los motivos del atentado.
Un juicio sobre el ataque finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Saúl Menem, que gobernó Argentina entre 1989 y 1999.
Fueron declarados culpables de “encubrimiento” del atentado, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni de la desviación de las investigaciones cometidas por estas personas.