El Gobierno de Perú condenó este miércoles las actividades de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), así como rechazó que algún ministro de Estado tenga vínculos con estos grupos.
A través de un comunicado oficial, la presidencia del Consejo de Ministros respondió a un pronunciamiento del partido derechista Renovación Popular, que planteó una serie de condiciones para aceptar reunirse con el primer ministro, Guido Bellido.
“Deslindamos con organizaciones terroristas de toda índole y condenamos el accionar de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru”, indicó el primer punto del comunicado. Asimismo, el Ejecutivo peruano negó la existencia de vínculos de los actuales ministros con grupos terroristas y exhortó a la ciudadanía a “no creer acusaciones falsas, formuladas por sectores vinculados a los poderes fácticos y a la corrupción”.
Sin embargo, Bellido es actualmente investigado por la Fiscalía por el presunto delito de apología del terrorismo, después de haberle rendido homenaje en sus redes sociales a una fallecida lideresa de Sendero Luminoso.
El comunicado agregó que la designación de los ministros es competencia del presidente, Pedro Castillo, y exigió el respeto a la separación de poderes en el Estado. Igualmente, exigió que se respete la “legítima aspiración del pueblo a pronunciarse” sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
¿Qué causó este pronunciamiento?
La bancada de Renovación Popular en el Congreso le planteó este martes al Ejecutivo hacer renunciar al menos a cinco ministros de Estado por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso y otros cuestionamientos legales. Además, pidió una condena pública hacia Sendero Luminoso y el MRTA, grupos que desataron la violencia terrorista en Perú entre 1980 y 2000 con más de 69.000 víctimas y millonarias pérdidas económicas.
La carta firmada por el congresista y vocero de Renovación Popular Jorge Montoya expresó su molestia por la “conformación de un gabinete cuestionado por su calidad” y otras propuestas de Castillo, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que también pidió retirar.
Montoya declaró que la bancada quedaba a la espera de que el Gobierno cumpla estas condiciones para poder reunirse con Bellido, tal y como el primer ministro lo está haciendo con otros grupos políticos, antes de su presentación ante el Parlamento para pedir el voto de confianza al primer gabinete de Castillo.
Una dura oposición
La excandidata peruana Keiko Fujimori afirmó que su partido, Fuerza Popular, será “un firme muro de contención” frente a la “amenaza de una Constitución comunista”, luego de que el presidente Pedro Castillo anunciase que presentará un proyecto para que se convoque a una Asamblea Constituyente en Perú.
“Seremos un firme muro de contención frente a su amenaza latente de una nueva Constitución comunista y de cambios estructurales en los cimientos de nuestro desarrollo. Haremos una defensa democrática responsable”, aseguró Fujimori en un mensaje publicado en Twitter.
Fujimori perdió por poco más de 44.000 votos contra Castillo, aunque retrasó en un mes y medio la proclamación de su rival tras presentar una batería de impugnaciones mientras alegaba un “fraude”, del que no presentó pruebas fehacientes y fue rechazado tanto por las autoridades electorales como por las misiones de observación internacional.
La polémica Constitución
“Esperemos que pueda ser aprobado y ratificado en referéndum”, sostuvo Castillo, quien durante su campaña proselitista defendió esa iniciativa, por lo que el fujimorismo y sus aliados lo calificaron de “comunista” y “chavista”.
Su propuesta aboga por la elaboración de una nueva Constitución que sustituya a la vigente, promulgada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko, tras el “autogolpe” de Estado que dio el 5 de abril de 1992.
En su discurso, el presidente descartó cualquier intento inconstitucional y defendió que la iniciativa permitirá “cambiar el rostro de la realidad económica y social” del país.
Su propuesta es muy polémica en Perú, pues para algunos sectores la Constitución de 1993 es intocable, ya que consideran que ha sido el motor del crecimiento económico de la nación en las últimas dos décadas, mientras que para Castillo y sus seguidores es la responsable de que se hayan perpetuado las desigualdades entre las clases altas y bajas del país.
Con información de DW.