El Gobierno de Perú subrayó este martes que “no renunciará” a ejercer la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, después de que México negase el liderazgo de las autoridades andinas en el organismo para “no legitimar el golpe de Estado”.
El Ministerio de Exteriores del vecino país ha planteado consultas a los miembros de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, “a fin de llevar el traspaso de la Presidencia pro tempore a Perú, sin mayores dilaciones”.
En dicha comunicación, Lima ha recalcado que el incumplimiento del traspaso, recogido como obligación internacional en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado”.
“Los cuatro Estados miembros debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económico-comercial sin politizaciones, y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos”, reza la misiva del ministerio peruano.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló a mediados de febrero que estaba buscando alternativas a Perú con el resto de integrantes de la organización, porque no quiere “legitimar un golpe de Estado”. “No lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los Derechos Humanos, y es antidemocrático”, agregó.
López Obrador, que volvió a insistir en que la detención del mandatario peruano Pedro Castillo “fue un acto ilegal y arbitrario” y que “no se respetó la voluntad” del pueblo peruano, es uno de los líderes de la región, junto a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que también ha criticado la detención de Castillo, así como la gestión de la crisis política del gobierno de Dina Boluarte, cuya represión ha dejado más de medio centenar de muertos desde mediados de diciembre de 2022.
Fiscalía de Perú pide 18 meses de prisión preventiva contra ex primera ministra de Pedro Castillo
La Fiscalía de Perú pidió este martes 18 meses de prisión preventiva para la ex primera ministra Betssy Chávez por presuntamente ser coautora del delito de rebelión y conspiración en el marco de la maniobra del expresidente Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha señalado que esta petición incluye también al exministro de Interior Willy Huerta y el extitular de Comercio Exterior Roberto Sánchez.
Tras la aprobación en el Congreso de la denuncia constitucional contra la ex ‘premier’ hace unas semanas, Chávez criticó el trabajo del Poder Legislativo, al declarar que “es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular”.
También se defendió de las acusaciones sobre su participación en el presunto golpe de Estado, explicando que “no hay ninguna acción ni elemento objetivo alguno que se vincule a lanzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines”.
A mediados de marzo, el Poder Judicial andino dictó un impedimento de salida del país de varios días contra Chávez -última jefa de Gobierno del expresidente Pedro Castillo-, días después de que salieran a la luz unas imágenes inéditas de las que se ve a Castillo en connivencia con Chávez en los instantes previos al discurso lanzado por el exmandatario en el que anunciaba la disolución del Congreso.
Este anuncio no fue respaldado y derivó en su detención, tras lo que la hasta entonces ‘número dos’ de Castillo, Dina Boluarte, ascendió a la Presidencia. Mientras, sectores sociales afines a Castillo salieron a las calles para protagonizar unas protestas que se han prolongado durante semanas, exigiendo la salida de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones, que se han saldado con la muerte de más de 60 personas.
*Con información de Europa Press.