Los derechos humanos en Venezuela han centrado ‘innumerables’ discusiones, principalmente desde que el presidente, Nicolás Maduro, asumió el poder. Desde entonces, han sido varios los reportes de organismos internacionales que acusan al chavismo de arremeter frecuentemente contra quienes piensan diferente.
Este miércoles (27 de septiembre) el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que más de 500 funcionarios han sido condenados desde 2017 por violaciones a los derechos humanos. Así respondió a los cuestionamientos sobre el sistema que encabeza en el vecino país.
Saab informó que se han tomado acciones sobre “509 funcionarios y particulares que se han asociado a ellos para violar derechos humanos”. “Hemos logrado imputar a 2.053 personas (...), hemos logrado la acusación de 2.304 involucrados y al mismo tiempo privado de libertad a 955″, aseguró William Saab antes de apuntar que era “una cifra importante”.
Informe de la ONU asegura lo contrario
A comienzos de semana una misión internacional alertó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el gobierno chavista sigue perpetrando “ataques selectivos” para “silenciar” a la oposición y, para ello, lo acusó de “torturas”.
A través de un comunicado, el Ejecutivo tildó de “panfletario” el reporte presentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, y calificó a sus integrantes como “mercenarios”.
La nación caribeña “reitera su absoluto rechazo y desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos que, a través de sus pronunciamientos, violentan la Carta de Naciones Unidas”, se lee en el texto, replicado por CNN. Para el oficialismo, esas conclusiones solo pretenden “legitimar” las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene bajo su mirada la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad y hace tres meses autorizó a la oficina de su fiscal en jefe, Karim Khan, a seguir con sus indagaciones al desestimar los procesos judiciales internos.
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos aseguró tener “motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias” entre 2020 y 2023.
Los expertos dieron cuenta de una veintena de casos de tortura y otros tratos crueles contra detenidos que incluyen 19 casos de violencia sexual.
La misión afirmó ver un panorama “especialmente alarmante” cuando el vecino país se prepara para elecciones presidenciales el próximo año. Mientras tanto, la atención se centra también en las primarias de octubre.
Oposición respaldó informe de la ONU
En un comunicado, la oposición venezolana mostró su apoyo a las conclusiones de la ONU y acusó al oficialismo de continuar con los abusos y haber inclinado a la prensa a una “autocensura” por el temor de represalias. También insistió en que era tiempo de poner fin a la situación actual.
“Desde la Plataforma Unitaria Democrática, apoyamos el nuevo informe de la Misión Independiente para Venezuela, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en el que se expone que el régimen de Nicolás Maduro persiste en prácticas de abuso de poder contra el pueblo venezolano, ejerciendo ‘mecanismos selectivos‘ de violación”.
La oposición agregó que “no solo se trata de las muertes ocasionadas por los distintos grupos de represión (...) también es la situación de precariedad social a la que este régimen ha sometido con gran indolencia al pueblo venezolano”.
En otro fragmento del comunicado mencionó directamente a los venezolanos y su agotamiento por “tanto sufrimiento (...). Nos hemos unido en un mismo esfuerzo para escoger una candidatura unitaria que nos represente” de cara a las elecciones primarias del próximo mes.
*Con información de AFP.