Horas después de que Colombia, Argentina, México y Bolivia divulgaran una declaración conjunta en la que rechazaban la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, la Cancillería de ese país les salió al paso. La nación andina permanece sumida en una crisis política que ha derivado en masivas manifestaciones.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano rechazó que las decisiones que llevaron a la vacancia presidencial estuvieran en contra de los principios democráticos. Al respecto, esa oficina señaló al exjefe de Estado de haber propiciado un “golpe de Estado” al tomar medidas como intentar disolver el Congreso y buscar “intervenir” el Poder Judicial.
Contrario a los señalamientos de una “persecución” contra el exmandatario, la Cancillería aseguró que la salida de Castillo del Ejecutivo y juramentación de Dina Boluarte en su reemplazo, se establecieron en el marco de la Constitución y con un apoyo de 101 congresistas. En esa votación, seis legisladores se mostraron en contra y hubo diez abstenciones.
Defensa de la Cancillería
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, ‘la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional’ y reafirmó ‘que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho’”, se destaca en el texto.
En alusión a la convocatoria de nuevas elecciones, la Cancillería recordó que Boluarte había presentado un proyecto para que los comicios se adelanten en abril de 2024. Además reiteró su compromiso para que se cumplan las obligaciones internacionales “en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana”, de forma que se vele por el Estado de derecho y la democracia.
La respuesta llega luego de que varios países se pusieran de acuerdo en respaldar al exmandatario, tras expresar una “profunda preocupación” por los recientes hechos que mantienen en vilo al vecino país. Cuatro gobiernos, entre ellos el de Colombia, instaron a que se respete la voluntad del pueblo en las urnas y se “abstengan de revertirla”.
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, declararon de manera conjunta.
¿Castillo seguirá detenido?
Este martes 13 de diciembre, la justicia peruana evalúa un recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra su detención. La semana pasada (tras ser destituido) se dictaminó que, inicialmente, estaría bajo custodia por siete días al ser acusado de rebelión por intentar disolver el Congreso, informó Europa Press.
Las palabras de Castillo, en la mañana del 7 de diciembre, no tardaron en generar eco no solo en Perú sino en la región y fueron el detonante para que el legislativo adelantara una sesión con la que terminaría destituyéndolo. La jornada anterior, el exmandatario denunció que estaba “incomunicado y secuestrado”, y que no renunciaría a sus funciones.
Desde ese momento, las protestas contra la aprehensión de Castillo y a favor de cerrar el Congreso han dejado un saldo de siete muertos y un centenar de heridos entre policías y manifestantes. Por su parte, el nuevo Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha reiterado su llamado al diálogo.