La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso nuevamente en la lupa al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, por “ataques a la libertad de asociación”, luego de que, al parecer, intervino a la Cruz Roja y el Partido Comunista.
Hace unos días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del vecino país cambió a la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, opositor al mandatario chavista, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras.
“Resulta especialmente preocupante que el TSJ haya proferido decisiones incidiendo en un partido político disidente de la coalición de gobierno y de una organización de la sociedad civil cuya misión es fortalecer la ayuda humanitaria”, aseguró el organismo internacional y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) a través de un comunicado.
“Es vital que los procesos internos” a la hora de designar directivas “sean autónomos e independientes”, añaden.
Según la CIDH, estas decisiones judiciales “de carácter arbitrario no solo afectan la libertad, asociación y la participación política libre de discriminación, sino que profundizan la desconfianza en el sistema electoral (...). Lo que es más preocupante, crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del estado de Derecho”, denuncian.
La CIDH está constituido como un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Maduro, reelegido en 2018 en elecciones que han sido puestas en tela de juicio por la comunidad internacional, ordenó la salida de la OEA un año más tarde, a raíz de choques, principalmente luego de que su secretario general, Luis Almagro, no reconociera al oficialismo.
La OEA aceptó como representante del país a un opositor venezolano hasta que la propia oposición puso fin, en enero de 2023, al gobierno provisional que encabezaba Juan Guaidó, quien, en su momento, obtuvo el respaldo de decenas de naciones (entre ellas Estados Unidos).
Pedirán extradición de Ledezma
La Fiscalía de Venezuela comunicó la interposición de una nueva orden de arresto contra el dirigente opositor, Antonio Ledezma, a quien señala de traición a la patria por unas declaraciones en las que supuestamente reconoce una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El exalcalde de Caracas ha señalado que se trata de otra forma para presionarle políticamente.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció en esta jornada que pedirá a las autoridades de España, donde Ledezma vive exiliado, adoptar medidas como ya se mencionó “por traición a la patria, conspiración, incitación a delinquir y asociación a delinquir”.
Saab ha mostrado pruebas que, de acuerdo con el chavismo, darían cuenta de que el dirigente opositor, “solapado en la cobardía”, conspira contra el presidente de la nación caribeña, según declaraciones recopiladas por la televisión estatal.
“Aspiramos que las autoridades de España se pronuncien y respeten las leyes internacionales”, señaló el fiscal, a pesar de que las instituciones españolas no han dado trámite a ninguna de las órdenes similares lanzadas desde Caracas contra algunas de las principales voces opositoras.
El propio Ledezma, en conversación con Europa Press, confía en que “ningún gobierno democrático se preste para tramitar órdenes de extradición que son completamente arbitrarias”. También recordó que no es la primera vez en que recibe acusaciones de ese tipo: “No me he callado y no me van a callar”.
“No se cansan de hostigarme, de perseguirme”, denunció, al mencionar las medidas tomadas en su contra en sus cargos políticos y también “ahora en el exilio”. Ledezma apuntó a que “con miedo y paralizados de temores” no se va a poder “conquistar el porvenir” en su nación. .
*Con información de AFP y Europa Press.