Esta semana llegaron al país 209 migrantes colombianos provenientes desde Estados Unidos, quienes contaron con el apoyo de la Defensoría del Pueblo tras la polémica por una supuesta vulneración de derechos que se desató.
Tras la terminación de la aplicación del Título 42 y con la puesta en escena nuevamente del Título 8, los migrantes que lleguen de manera irregular a Estados Unidos tienen más difícil la entrada al país del norte.
“No hay manera de llegar a la frontera de Estados Unidos. Si llegan allá, la única cosa que va a pasar es estar retenidos y devueltos a sus países”, dijo de manera enfática Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia.
Entretanto, se han conocido varias denuncias de colombianos deportados. Uno de los testimonios lo dio un joven de 17 años, quien aseguró haber sido golpeado por oficiales estadounidenses.
“Una de las más dicientes, según los testimonios de los retornados, fue la agresión física contra un adolescente de 17 años, quien también fue esposado. Varias de las madres contaron que fueron esposadas sin una razón aparente, y una mujer narró que fue agredida durante el vuelo de regreso, pues la tomaron del cuello provocándole una lesión”, sostuvo la Defensoría.
Asimismo, las familias deportadas aseguraron que niños y niñas también fueron víctimas de maltratos y vulneración de sus derechos fundamentales. Al parecer, no se les habría permitido bañar por un largo tiempo y tampoco les habrían brindado alimentos.
“Ellos nos hicieron saber que llegan a Piedras Negras (ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos) y antes de cruzar el río se entregan. Ellos tienen la esperanza de hacer un proceso ante un juez para regular su situación. Sin embargo, a ellos después de Piedras Negras los llevan a Laredo (Texas, Estados Unidos) y no se les da información, solamente cuando ya los suben al vuelo con destino a Colombia, pero tampoco conocen su situación ni a dónde llegarán”, relató la defensora Regional Bogotá, Xiomara Ramos.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo afirmó que las pertenencias de los colombianos retornados fueron incautadas y posteriormente destruidas; solamente habrían llegado con la ropa que tenían puesta y sus documentos.
Esta situación había llevado a suspender temporalmente el plan piloto entre Colombia y EE. UU. que tiene como objetivo recibir a los colombianos retornados, especialmente niños, adolescentes y mujeres, en vuelos acordados entre el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y Migración Colombia.
El programa en cuestión es el denominado ‘Reunificación Familiar de Estados Unidos: Family Reunification Parole Process’, el cual permitirá una vía acelerada para que decenas de miles de familias colombianas se reúnan rápidamente.
Ante esto, la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al tema y abrió una indagación previa para determinar si se cometieron irregularidades en la negación de ingreso del vuelo con colombianos.
El Ministerio Público busca identificar e individualizar a los presuntos responsables de la comisión de los hechos denunciados como irregulares, para determinar si están involucrados servidores públicos. Por eso, se adelantó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para recopilar documentación de soporte que permita esclarecer el caso.
Frente a esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, por su parte, había instado al Gobierno nacional a buscar los mecanismos necesarios para garantizar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos colombianos.
“El Gobierno nacional debe salvaguardar los derechos de los connacionales, sin importar las circunstancias en las que se encuentren. Nos preocupa, como Defensoría del Pueblo, el hecho de que, según las quejas recientes conocidas, estén siendo maltratados por las autoridades migratorias estadounidenses en el marco del acuerdo binacional para su retorno a Bogotá”, expresó Carlos Camargo Assis.