Mientras el expresidente Donald Trump domina la primaria presidencial republicana, algunos grupos liberales y expertos legales sostienen que una cláusula de la Constitución rara vez utilizada le impide ser presidente después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
La Decimocuarta Enmienda prohíbe del cargo a toda persona que alguna vez haya prestado juramento para defender la Constitución, pero luego haya “participado” en una “insurrección o rebelión” contra ella.
Un número creciente de juristas dice que la cláusula posterior a la Guerra Civil aplica a Trump tras su papel para intentar anular las elecciones presidenciales de 2020 y de alentar a sus partidarios a asaltar la sede del Congreso.
Dos organizaciones liberales sin fines de lucro prometen impugnar en los tribunales si los funcionarios electorales de los estados incluyen a Trump en la boleta electoral a pesar de esas objeciones.
Es probable que el esfuerzo desencadene una serie de demandas y apelaciones en varios estados que, al final, podría llegar a la Corte Suprema, posiblemente en plena temporada de las primarias de 2024.
El asunto añade un mayor caos legal potencial a un proceso de nominación ya agitado por el hecho de que quien va a la cabeza enfrenta cuatro juicios penales.
Ahora la capacidad misma de Trump para postularse podría ser objeto de litigio cuando los republicanos inicien la elección de su candidato, comenzando con los caucus de Iowa el 15 de enero.
“Existe una posibilidad muy real de que estos casos estén activos durante las primarias”, dijo Gerard Magliocca, profesor de derecho en la Universidad de Indiana, quien advirtió que podría haber resultados distintos en diferentes estados antes de que la Corte Suprema tome una decisión final. “Imagina que tienes una opinión que dice que él no es elegible y luego hay otra primaria en la que está en la boleta”.
Aunque es poco probable que la mayoría de los litigios comiencen antes de octubre —cuando los estados comiencen a fijar sus boletas electorales para las próximas primarias_, el asunto ha recibido un impulso debido a un artículo de revisión de las leyes lanzado recientemente y escrito por William Baude y Michael Paulsen, dos destacados profesores de derecho conservadores.
Concluyeron que a Trump se le debe excluir de la boleta electoral debido a la cláusula de la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda constitucional.
Esa sección veda a cualquier persona del Congreso, el ejército y las oficinas federales y estatales si previamente prestó juramento para respaldar la Constitución y “ha participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o ha brindado ayuda o consuelo a sus enemigos”.
En su artículo, cuya publicación está prevista en la revista de derecho Law Review de la Universidad de Pensilvania, Baude y Paulsen dijeron que creen que el significado es claro.
“Tomar en serio la Sección Tres significa excluir de cargos actuales o futuros a aquellos que intentaron subvertir la autoridad gubernamental legal bajo la Constitución después de las elecciones de 2020″, escriben.
La cuestión surgió durante el debate presidencial republicano de la semana pasada en Milwaukee, cuando el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, advirtió que “esto es algo que podría descalificarlo (a Trump) según nuestras reglas y la Constitución”.
En 2021, la organización sin fines de lucro Free Speech For People envió cartas al principal funcionario electoral de los 50 estados solicitando la exclusión de Trump si volviera a postularse para la presidencia.
Ron Fein, director legal del grupo, señaló que, tras años de silencio, los funcionarios comienzan a discutir el asunto.
“Los redactores de la Decimocuarta Enmienda aprendieron la sangrienta lección de que, una vez que un insurrecto que rompe un juramento se involucra en una insurrección, no se puede confiar en él para regresar al poder”, dijo Fein.
Antes de las elecciones intermedias de 2022, el grupo presentó una demanda para excluir de la boleta a la congresista federal Marjorie Taylor-Greene y al entonces representante Madison Cawthorn —ambos republicanos— por su apoyo a la protesta del 6 de enero.
El juez a cargo del caso de Greene falló en favor de ella, mientras que el caso de Cawthorn se volvió irrelevante luego de ser derrotado en sus primarias.
Las complejas cuestiones legales fueron evidentes el miércoles cuando el diario Arizona Republic informó que Adrian Fontes —secretario de Estado de Arizona— dijo que tenía las manos atadas debido a un fallo del tribunal superior de ese estado según el cual sólo el Congreso puede excluir a alguien de la boleta presidencial de Arizona.
Fontes, demócrata, calificó el fallo como “completa y absolutamente equivocado” en una entrevista con el Republic, pero dijo que cumpliría con él.
Si Trump aparece en la boleta electoral de Arizona, aquellos que crean que no está calificado aún pueden demandar en un tribunal federal para excluirlo.
Otros secretarios de Estado navegan con cautela por el campo minado legal.
En una entrevista de radio a principios de esta semana, la secretaria de Estado de Michigan, la demócrata Jocelyn Benson, dijo que “se están presentando argumentos legales válidos” para mantener a Trump fuera de la boleta electoral y que eso es algo que está discutiendo con otros secretarios de Estado, incluidos aquellos en estados que son campos de batalla presidenciales.
Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia, un republicano que resistió la presión de Trump cuando intentó anular los resultados de 2020 en ese estado, sugirió que la cuestión debería depender de los votantes.
“Como secretario de Estado de Georgia me queda claro que los votantes son inteligentes y merecen el derecho a decidir las elecciones”, dijo en una declaración enviada por correo electrónico.
Con información de AP.