En un giro que ha sacudido la escena política guatemalteca, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el tribunal supremo del país, emitió un dictamen crucial este domingo, confirmando la suspensión del partido Movimiento Semilla, liderado por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León. Esta decisión resonante tiene un impacto significativo, al dejar al Movimiento Semilla sin la posibilidad de participar en la junta directiva del Congreso durante el periodo 2024-2025.
El fallo va más allá al estipular que los 23 diputados de la agrupación política de Arévalo de León deben ser independientes para el periodo 2024-2028, sin afiliación a ningún partido político. Esta determinación se suma a una orden anterior de la misma corte en 2023, que instaba a todos los funcionarios electos en las elecciones del año anterior a asumir, según sus elecciones partidarias.
El origen de esta suspensión se remonta a una orden penal emitida el 12 de julio pasado por el juez Fredy Orellana, quien enfrenta acusaciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de socavar la justicia y de corrupción. El caso penal dirigido por Orellana se vincula con presuntas firmas falsas en la fundación del Movimiento Semilla en 2018.
La persecución judicial contra Bernardo Arévalo de León se desencadenó desde que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta las elecciones presidenciales de junio de 2023. El Ministerio Público de Guatemala inició acciones para impedir que el académico de 64 años asumiera el cargo, así como para cuestionar la legitimidad de los diputados del Movimiento Semilla.
El Congreso guatemalteco ya había tomado medidas drásticas al suspender al partido de Arévalo de León en agosto pasado. Sin embargo, esta decisión provocó reacciones a nivel internacional, incluyendo la sanción de la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera, por parte de Estados Unidos.
En un contexto marcado por la tensión política, el pasado 1 de septiembre, Bernardo Arévalo de León acusó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez penal Orellana de orquestar un “golpe de Estado” para obstruir su toma de posesión programada para el próximo 14 de enero.
Las acciones judiciales lideradas por Consuelo Porras han generado protestas masivas y bloqueos de carreteras por parte de la población, que exige su renuncia desde octubre hasta la fecha. En respuesta, Arévalo de León ha anunciado que a partir de mañana solicitará oficialmente la dimisión de Porras.
Este escenario tenso y desafiante añade una capa de incertidumbre a la investidura programada para este domingo, donde Bernardo Arévalo de León está destinado a asumir la presidencia para un período de cuatro años, sucediendo al actual mandatario, Alejandro Giammattei. La nación centroamericana se encuentra en vilo mientras observa el desenlace de una situación política compleja y en constante evolución.
La promesa de Arévalo
El socialdemócrata Bernardo Arévalo aseguró este sábado, a pocas horas de asumir la presidencia de Guatemala, sentirse “entusiasmado” por llegar al final de un proceso “tortuoso” de persecución judicial y destacó que su compromiso es “cerrar” una “época tenebrosa” para su país.
“Me siento entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso. Está culminando un proceso de lucha nacional por la democracia”, dijo Arévalo, en rueda de prensa junto al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien asistirá el domingo a la investidura.
Arévalo, sociólogo y exdiplomático de 65 años, destacó que el compromiso de su gobierno es “cerrar esta época tenebrosa de cooptación corrupta del sistema político en el que ha transcurrido el país durante más de dos décadas”.
Desde que ganó las elecciones, Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de una ofensiva judicial denunciada por él como un “golpe de Estado” y atribuida a la élite política y económica del país, que teme al mensaje anticorrupción del futuro presidente.
Con información de AFP.