“Ahora, ¡guerra civil!”, exclamaron centenares de manifestantes que marcharon en Lima el lunes pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de protestas en las que han muerto 46 personas. “¡No somos uno, ahora somos dos, ahora somos todos, a una sola voz!”, exclamaron los manifestantes venidos de Puno, Cusco y Andahuaylas durante una movilización por la tarde bajo un sol abrasador en la capital peruana.
La marcha recorrió pacíficamente varias cuadras entre la plaza Dos de Mayo y la plaza Bolognesi, antes de ser dispersada por la policía antidisturbios a punta de gases lacrimógenos. Los manifestantes buscaban reagruparse para continuar su protesta en medio de una fuerte presencia policial.
“Necesitamos urgente que Dina renuncie, por su culpa estamos una semana aquí sufriendo, vamos a exigir hasta los últimos días para que renuncie”, dijo a la AFP Edmunda Ccanaguira, una indígena de 60 años, que llegó hace una semana desde Sicuani, Cusco. “Ella no escucha al pueblo, por su culpa estamos en las calles, una semana sin alimento, sin dormir por culpa de Dina Boluarte estamos aquí”, agregó.
Las masivas protestas que sacuden Perú continuarán, advirtió temprano el ministro de Interior, Vicente Romero, en vísperas de una “marcha nacional” en Lima y otras ciudades. “Las protestas sociales aún van a seguir, estamos trabajando intensamente con el ministro de Defensa cómo solucionarlos”, declaró el titular de Interior a la televisora estatal TV Perú.
La autoridad defendió la represión policial, cuestionada por grupos civiles de la sociedad, destacando el profesionalismo y respeto de los derechos humanos de las fuerzas del orden. “En este momento, estamos viviendo uno de los niveles de violencia más alto de todos los últimos tiempos, después de los años 80, sin embargo, creo que las capacidades que está mostrando nuestra policía ha sido espectacular”, agregó Romero.
“Hemos capacitado a más de 5.000 hombres, sobre todo en derechos humanos”, aseguró. En 2018 la policía francesa y la española formaron a cuerpos antimotines peruanos.
La Unión Europea alzó el sábado la voz sobre la crisis y lamentó “el gran número de víctimas mortales”. Bruselas llamó al gobierno y a la oposición “a tomar medidas urgentes para restaurar la calma”.
La policía peruana estuvo en el ojo de las críticas por el ingreso violento (sin fiscales) a la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, para detener a manifestantes llegados desde regiones andinas y que dormían ahí. De 193 detenidos, 192 fueron liberados la noche del domingo.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a “asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías del debido proceso” a raíz de esa intervención.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó una marcha nacional este martes bajo la consigna de “cese de la represión criminal”.
La principal central sindical del país exige también el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. “El pueblo nacional viene desarrollando las luchas democráticas cívicas, pacíficas. Rechazamos cualquier acto de violencia y cualquier acto que vaya contra entidad pública o privada. Los que están generando el caos y destrucción son gente infiltrada del gobierno”, dijo el Secretario General de la CGTP, Gerónimo López.
El ministro del Interior ha señalado que “hay justos reclamos que el Gobierno tiene que atender, pero denuncia la presencia de vándalos entre los manifestantes.
Machu Picchu sigue cerrada
Según las autoridades de Transportes el lunes 74 piquetes tenian bloqueado el paso en carreteras de 10 de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
En Ica, 350 kilómetros al sur de Lima, un grupo de personas atacó e incendió explotaciones agrícolas de empresas exportadoras, de acuerdo a imágenes de la televisión. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca en Puno siguen cerrados bajo custodia militar para evitar que sean tomadon por asalto.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, está suspendido por el cierre hasta nuevo aviso de la famosa ciudadela debido a motivos de seguridad.
“La ciudadela está cerrada hasta que se solucione todo este tema (protestas). La vía férrea esta interrumpida, no hay forma como lleguen los turistas. Ahora solo estamos dando mantenimiento y conservación del patrimonio (ciudadela) que no debe parar”, dijo a la AFP Zenobio Valencia, jefe del Parque Arqueológico Machu Picchu.
Las protestas se iniciaron luego de la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre cuando intentó disolver el Parlamento -controlado por la derecha-, que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
La crisis social también es un reflejo de la enorme brecha entre la capital y las empobrecidas provincias que apoyaron en las elecciones de 2021 a Castillo, de ascendencia indígena, y vieron su victoria como una venganza por lo que consideran el desprecio del poder centralizado de Lima.
*Con información de AFP.