Las autoridades de Transnistria, una región separatista moldava prorrusa ubicada entre el río Dniéster y la frontera entre Moldavia y Ucrania, denunciaron un ataque contra un edificio gubernamental en la capital del territorio, Tiraspol.

Según informó el Centro de Prensa del Ministerio del Interior de Transnistria, en torno a las 17.00 horas (hora local) se han detectado varias explosiones en la intersección de las céntricas calles de Karl Marx y Manoilov.

El servicio de comunicación del Ministerio publicó en su canal de Telegram detalles del incidente y señaló que las primeras investigaciones apuntan a que los disparos se realizaron desde un lanzacohetes RPG. El Ministerio del Interior confirmó que no hay heridos ni fallecidos.

La explosión dejó las ventanas rotas en las plantas superiores y hace que “el humo salga de las habitaciones”. Al momento del suceso, autoridades informaron que en los alrededores del edificio ministerial están acordonados por la Policía, que ha desplegado un equipo de militares perteneciente a las unidades básicas del arma de ingenieros. Hasta el lugar se han desplazado también efectivos sanitarios y bomberos.

Bomberos trabajan en el interior de un edificio destruido por una bomba rusa en Cherníhiv, Ucrania, el 22 de abril de 2022. Foto: AP /Emilio Morenatti. | Foto: Foto: AP /Emilio Morenatti.

Más tarde, la Oficina para la Reintegración, dependiente del Gobierno de Moldavia, mostró su preocupación por lo ocurrido y realizó un “llamamiento a la calma” a la par que confirmó estar investigando el incidente.

Sin embargo, esta dependencia gubernamental criticó que el propósito del ataque es “crear pretextos para agravar la situación de seguridad en la región de Transnistria”, no controlada por las autoridades moldavas, tal y como recogió en su página web la agencia rusa Interfax.

Al mismo tiempo, el centro de prensa del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia confirmó que esta misma noche del lunes 25 de abril se celebrará una reunión de emergencia para abordar las explosiones en Tiraspol.

La región de Transnistria ha cobrado protagonismo en las últimas semanas por su vínculo con el Gobierno ruso y su importante posición geoestratégica. Las autoridades ucranianas han llegado a denunciar posibles incursiones rusas hacia el oeste de Ucrania desde Transnistria.

Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) participará en la investigación impulsada en Europa sobre los posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania, según anunció Eurojust, organismo para el que la Comisión Europea reclamó precisamente este lunes más competencias.

Desde el pasado marzo, Eurojust ofrece apoyo al equipo de investigación conjunta creado por Polonia, Lituania y la propia Ucrania y que ya contemplaba colaboración con el TPI para documentar los crímenes ocurridos durante la invasión rusa.

Eurojust anunció finalmente que la Fiscalía del TPI será un participante más en estas pesquisas, en virtud de un acuerdo firmado por el principal representante de esta oficina, Karim Khan, y los ministerios públicos de los tres países que ya estaban implicados.

“Con este acuerdo, las partes del JIT y la oficina del fiscal (del TPI) envían el claro mensaje de que se hará todo lo posible para recabar de forma efectiva prueba sobre los crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la Justicia”, resaltaron en un comunicado.

Khan destacó que este acuerdo es un “hito” que busca “facilitar la investigación” para la presentación de casos ante el TPI. “La Fiscalía mejora significativamente su capacidad de acceso y recolección de información relevante para nuestras investigaciones con esta participación en el JIT”, explicó.

El equipo de investigación conjunto fue creado a finales de marzo con el respaldo de Eurojust, que ofrece apoyo legal y técnico para ayudar al grupo en la recopilación de pruebas e intercambio rápido y seguro de información.

La Comisión Europea presentó este lunes su propuesta para revisar las reglas de Eurojust de modo que la agencia europea de cooperación judicial tenga respaldo legal para poder recabar y almacenar pruebas relacionadas con crímenes de guerra, por ejemplo, de videos y audios grabados durante la invasión rusa de Ucrania.

*Con información de Europa Press

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